La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha declarado la guerra a los oaxaqueños y también a los habitantes de otras entidades. En Oaxaca la organización ha bloqueado carreteras y centros comerciales y mantiene un plantón en el centro de la capital del estado. En Chiapas ha bloqueado también carreteras. En Michoacán ha llevado a niños a marchas de protesta en horas de clase. La Concanaco, una organización nacional de comercios y servicios, calcula las pérdidas nacionales por estas movilizaciones en siete mil 500 millones de pesos desde mayo.
La CNTE no puede simplemente aceptar la reforma educativa contra la que ha estado luchando desde el inicio de este gobierno. Su aplicación generalizada significaría el fin de la CNTE, quizá no como sindicato pero sí como la institución que ha tenido el control de la educación pública en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero.
Tampoco el gobierno de la República se puede echar para atrás. La educativa es la reforma más importante de este sexenio. Derogarla, como exige la CNTE, o abstenerse de aplicarla para dejar al sindicato sus privilegios, es inaceptable. Exhibiría a un gobierno débil frente a las presiones de grupos de poder.
Como siempre, los ciudadanos son las víctimas de las movilizaciones. Hasta el momento de escribir estas líneas las autoridades federales han permitido casi todas las acciones ordenadas por los líderes, pese al daño que causan a los ciudadanos. Durante demasiado tiempo los tribunales y las comisiones de derechos humanos han castigado a las autoridades que pretenden defender a los ciudadanos. Los altos funcionarios han aprendido la lección: es mejor dejar que los manifestantes hagan lo que quieran antes que tomar medidas que puedan llevarlos a ellos a perder sus cargos.
Al final, sin embargo, la confrontación será inevitable. No es esta una guerra en la que cualquiera de las dos partes pueda simplemente darse por vencido y reconocer el triunfo del rival. Después de cada bloqueo, por otra parte, los activistas de la CNTE se sienten más envalentonados. Cada vez toman medidas más fuertes para ahorcar toda actividad económica y el daño a la sociedad se eleva.
Estrategias
El gobierno federal ha optado por presentar acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita contra algunos de los líderes. Este ha sido el caso de Rubén Núñez Ginés, el secretario general de la organización. Su detención fue precedida por la del secretario de Organización, Francisco Villalobos, y la de Aciel Sibaja, secretario de Finanzas. Se les acusa de haber recibido comisiones en contratos de provisión de productos y servicios para el sindicato.
El problema es que no se sabe qué tan sólidas sean las acusaciones. El sindicato aceptó que se hicieron los pagos, por lo que no podría haber denuncia por desvío, y el dinero aparentemente se usaba para financiar movilizaciones de protesta.
Otro problema es que otros líderes sindicales, algunos cercanos al gobierno priista, obtienen así los recursos que les permiten mantener su costoso estilo de vida.
Quizá la mayor objeción a la estrategia es que ha endurecido las protestas y sobre todo las acciones contra los ciudadanos. Esto está colocando a muchas empresas y personas en posiciones francamente insostenibles.
La lucha parece ser a muerte. Por cada golpe que da el gobierno, la CNTE se venga, pero no contra el gobierno, cuya fuerza lo rebasa, sino contra ciudadanos inocentes.