Buscan aprobar la Ley General de Archivos

Fundamental para el Sistema Nacional Anticorrupción y de Transparencia  

Norberto Vázquez
Nacional
AGN.
Foto: Enrique Ordónez.

Aprobar el proyecto de Ley General de Archivos es fundamental para el funcionamiento de los sistemas nacionales Anticorrupción y de Transparencia, que no podrán operar si no hay expedientes que documenten qué se hizo bien o mal por los servidores públicos.

La diputada Minerva Hernández, presidenta de la Comisión Bicameral en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, por lo que respecta a los diputados, destacó la importancia de conocer el proyecto que se encuentra en el Senado para “analizar todos los puntos que incidan en transparencia y anticorrupción. Es el tema de temas de esta Legislatura”.

En su calidad de integrante del caucus legislativo —grupo plural de diputados que analizan temas de corrupción, transparencia y rendición de cuentas—, la legisladora del PAN señaló que la información en los archivos, documental o en dispositivos electrónicos es un insumo importante para cristalizar el combate a este fenómeno.

“Debemos darle la relevancia que tiene, puesto que si se comete un acto de corrupción y no hay documentos que puedan demostrarlo, sería muy difícil llegar a la concreción”, añadió.

Durante una reunión con la directora del Archivo General de la Nación (AGN), Mercedes de Vega, explicó que la nueva ley tendrá que trabajarse localmente en los congresos de los estados para armonizarla con el Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por 23 leyes, de las cuales se han aprobado siete.

En términos de presupuesto, puntualizó que en el AGN hay una gran disparidad entre la importancia del tema “y los pesitos que tiene asignados”. Propuso solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne mayores recursos y “respaldar desde esta trinchera el trabajo del Archivo General de la Nación, que es sustento fundamental para el Sistema Nacional Anticorrupción”.

La directora general del AGN afirmó que el Sistema Nacional Anticorrupción no podrá operar si no están los expedientes que documenten qué hizo bien o qué hizo mal un servidor público.