La puesta en marcha del sistema acusatorio, el cual sustituye al inquisitivo que perduró décadas y era origen de corrupción, opacidad y dilación, abre una nueva etapa para que los ciudadanos recobren la confianza en las instituciones responsables de impartir justicia.
El sábado 18 de junio entró en funciones de manera plena y a nivel nacional el nuevo sistema de justicia penal que cambia de manera radical la concepción y aplicación de la justicia que recibirán los mexicanos: será más transparente, expedita y menos costosa; permitirá la conciliación y la reparación del daño en los delitos no graves, y terminará en gran medida con la corrupción.
La puesta en marcha de un sistema penal acusatorio en sustitución del inquisitivo que perduró durante décadas, que se había agotado y era el origen de una gran cantidad de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos, además de que daba poca atención a las víctimas y propiciaba opacidad y corrupción durante el proceso, abre un panorama esperanzador para regresar a los ciudadanos la confianza en la justicia y en las instituciones responsables de impartirla.
El esfuerzo institucional y económico en conjunto del gobierno federal, entidades federativas, los poderes judiciales federal y locales, el Congreso de la Unión, las procuradurías General de la República y estatales, universidades y academias, entre otros actores del sistema penal, ha sido enorme.
De ahí que en los últimos ocho años —periodo establecido en la Constitución para su aplicación paulatina luego de su aprobación en 2008— se haya alcanzado el objetivo de estar en condiciones de poner en marcha a nivel nacional el nuevo modelo penal acorde con sus protocolos, herramientas, espacios físicos y tecnología que requiere para su correcta aplicación.
Al encabezar la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal de manera plena, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que los mexicanos se deben sentir orgullosos por haber hecho realidad la transformación jurídica más trascendente de los últimos 100 años.
Destacó que al concluir la implementación del nuevo sistema “damos un paso decisivo para brindar a la sociedad una justicia más cercana, transparente y eficaz”.
Esfuerzo colectivo
Al encabezar la ceremonia para dar cumplimiento con el mandato constitucional de plena vigencia del nuevo sistema de justicia, el mandatario mexicano destacó que para dimensionar el gran esfuerzo realizado para poner en marcha el nuevo sistema en los últimos ocho años se han invertido más de 21 mil millones de pesos en la implementación de la reforma, 89% de los cuales se han ejercido en la actual administración.
Ante representantes de los distintos poderes, los gobernadores y representantes de organizaciones sociales y No Gubernamentales, Peña Nieto aseguró que el mérito de esta transformación es colectivo, por lo que hizo un reconocimiento a quienes participaron en este cambio histórico.
El titular del Ejecutivo valoró el trabajo de los integrantes del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y de su Secretaría Técnica, de los mandatarios estales y del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quienes impulsaron el proceso de manera decidida, lo que permitió la capacitación de más de 400 mil operadores del sistema y de más de 240 mil elementos de seguridad pública.
Recordó que para normar este nuevo modelo se crearon y reformaron 21 leyes federales o nacionales y se modificaron más de 350 leyes locales, como el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal que complementan el sistema y permiten una justicia más confiable.
El presidente refirió que el nuevo modelo también aplica para la justicia militar, a partir de la reforma al Código Militar de Procedimientos Penales y las nuevas salas de justicia oral que se crearon, por lo que su actualización “reafirma el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con el debido proceso y el respeto a los derechos humanos”.
Legalidad y Estado de Derecho
Peña Nieto destacó la labor de los integrantes del Poder Judicial, tanto de la Federación como a nivel local, para renovar y actualizar su infraestructura y para seleccionar y capacitar a los magistrados, jueces, secretarios y actuarios que impartirán justicia.
Resaltó el mandatario que en la fase de consolidación, que inició el 18 de junio, se requiere de la voluntad, el compromiso y el trabajo del Estado mexicano en su conjunto e hizo un llamado especial a los Poderes Legislativo y Judicial, a los gobiernos locales, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil para mantener la causa de la justicia penal como una prioridad nacional.
Aseveró que todos los representantes del Estado mexicano son corresponsables del éxito del nuevo sistema de justicia penal y para que funcione es indispensable contar con mecanismos efectivos de evaluación y monitoreo.
Peña Nieto insistió en que el país tiene hoy nuevas leyes, nuevas instituciones, nuevos procedimientos y nuevos espacios físicos para transformar la justicia penal, aunque lo más importante es que el elemento humano asuma la trascendencia del cambio que se emprende.
“De esta manera lograremos que el Derecho cumpla su máximo fin: brindar justicia.
Hagamos del nuevo sistema el emblema de un país comprometido con la legalidad y el Estado de Derecho”, concluyó.
Justicia: prioridad nacional
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, afirmó a su vez que trabajar por la justicia es dar respuesta a una de las demandas más sentidas de la sociedad: trabajar por un México de derechos y libertades, en el que nada ni nadie esté por encima de la ley.
Añadió que es trabajar para que las instituciones del Estado mexicano cumplan con su razón de ser: servir a la ciudadanía.
El responsable de la política interior del país recordó que el presidente de la República instruyó a su gabinete el 1 de diciembre de 2012 para hacer de la transformación de la justicia una prioridad nacional no solo en palabras sino en acciones, y no solo en acciones sino en resultados.
Osorio Chong expuso que ello requería de visión, de coordinación y de claridad en el propósito, porque un cambio de esta magnitud obligaba a ver el panorama completo, a entender el antes y el después del sistema penal, a evaluar cómo funcionaba, cómo debía ser “y cómo teníamos que actuar para llegar hasta aquí, con una perspectiva integral”.
Resaltó que las acciones para contar con un nuevo sistema penal requerían de coordinación porque los grandes cambios solamente son posibles a partir de la acción conjunta, el compromiso colectivo y la unidad.
Consolidar derechos
Explicó que se ha impulsado este gran proceso de cambio a nivel nacional y se ha articulado el esfuerzo para su puesta en marcha a nivel local, para lo cual se ha actuado con estrategia y determinación, se han definido prioridades y establecido rutas de acción con cada una de las partes involucradas, “colaborando como nunca antes se había hecho con la sociedad, los demás órdenes de Gobierno y los Poderes de la República”, remarcó.
Dijo que se trata de un cambio que requería claridad de propósitos y, sobre todo, claridad en el legado que significa para el país la transformación histórica que se está logrando.
Miguel Ángel Osorio resaltó que concretar la reforma al sistema penal es una gran oportunidad de contar con un sistema que actúe de forma efectiva y transparente para castigar a los culpables y proteger a las víctimas.
“De eso se ha tratado esta transformación: de consolidar a México como un Estado de Derecho y de derechos para traducir conceptos en realidades, para pasar de los cambios en la Ley a los cambios en las institucionales, para hacer del mandato constitucional letra viva en beneficio de todas y todos los mexicanos”, insistió.
Demanda ciudadana
La secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, dice a Vértigo que era necesario transitar de un modelo de justicia a otro porque se trataba de una demanda ciudadana de la búsqueda de un sistema más transparente, eficaz y eficiente, que procure la participación de las víctimas, el respeto de sus derechos y sobre todo que permitiera una reparación efectiva del daño.
En entrevista Fromow destaca que con el nuevo sistema se pretende el respeto al debido proceso, ya que había acusaciones a nivel nacional e internacional de violaciones constantes a ese precepto, no se respetaba la presunción de inocencia y había un uso excesivo de la prisión preventiva.
La responsable desde hace tres años de la aplicación del nuevo sistema explica que en el nuevo sistema hay una mayor visibilidad de la víctima, quien cuenta con un asistente jurídico que lo acompaña durante todo el proceso para explicarle y ayudarle para conocer sus derechos.
Resalta que se busca una justicia alternativa en delitos de menor impacto donde haya la posibilidad de acercamiento entre víctima y agresor, para encontrar un acuerdo rumbo a la reparación del daño de manera satisfactoria para ambas partes, que puede darse en 45% de los casos.
Justicia expedita
Fromow Rangel puntualiza que hay una etapa en que una persona acusada tiene oportunidad de reconocer su responsabilidad, lo que implica que puede acortar los tiempos de su proceso y con ello evitar un desgaste emocional tanto de la víctima como del acusado, lo que permite reducir de manera considerable la pena que se le pueda imponer.
Precisa que en el sistema acusatorio la prisión preventiva se limita solo a delitos de mayor impacto social, como delincuencia organizada, homicidios, secuestro, extorsión y violencia intrafamiliar, por lo que ahora se evitará que una persona acusada de un delito no grave sea ingresada a prisión.
La funcionaria menciona que el juez valorará si una persona quedará presa o podrá tener otra medida cautelar para seguir en libertad su proceso, lo que significa que se puede poner un brazalete, la obligación de firmar cada semana y la aplicación de una fianza para garantizar su presencia en el proceso.
“Habrá una mayor capacidad de las personas de permanecer en su entorno social, siguiendo su vida normal hasta en tanto un juez determine su culpabilidad o no; además su derecho a la presunción de inocencia se mantiene hasta concluir el proceso”, recalca.
Destaca la facilidad con que el ciudadano podrá hacer sus denuncias sin tanta tramitología, lo que lo alejaba de la justicia, por lo que ahora al momento en que se presenta a realizar una denuncia el Ministerio Público orientador le dice hacia dónde dirigirse y con ello empezar todo un proceso que permita un acceso mucho más fácil hacia la justicia penal.
Compromiso nacional
María de los Ángeles Fromow menciona que para la aplicación del nuevo sistema fueron construidos o adaptados a nivel estatal dos mil 800 inmuebles; se instaló tecnología nueva para la interconexión de todos los operadores del sistema; además de que en las entidades ya existen sistemas de diálogo informático entre el Ministerio Público, el policía y el juez, puesto que el sistema exige esa velocidad entre las partes para tener eficiencia en la justicia.
“Cambiamos infraestructura y tecnologías; dotamos de equipamiento distinto al que se tenía; se hizo una inversión de casi 21 mil millones de pesos, y hubo una reorganización institucional con la elaboración de protocolo, manuales y capacitación para todo el nuevo personal de este nuevo sistema de justicia penal: es decir, hubo un gran compromiso para que desde el ámbito federal se pudiera transformar este sistema”, subraya.
La funcionaria destaca que se tienen más de 930 salas a nivel estatal, más los 44 centros de justicia federal, instalaciones que crecerán de acuerdo a como aumente la demanda.
Recuerda que se hizo un gran esfuerzo con las universidades y académicos para transformar los planes de estudio, capacitar a los docentes y a los abogados litigantes a quienes se les abrieron posibilidades de formación para el nuevo sistema.
“Hoy el proceso es nacional, lo que implica que el sistema es igual en el sur, norte o centro del país, por lo que tenemos que ver que se esté comportando adecuadamente, de manera armónica, y que se cumpla con los fines que se tienen previstos”, señala.
Fromow hace énfasis en que la siguiente etapa después del 18 de junio será monitorear para observar si efectivamente el nuevo sistema se está comportando de manera adecuada o se tienen que hacer ajustes para que haya la respuesta adecuada a la demanda ciudadana de mejor justicia.
Recuperar la confianza
Advierte que el sistema acaba de nacer y es necesario cuidarlo para que crezca, que sea fuerte y logre sus metas. Y el gran objetivo es sin duda lograr que exista confianza en las instituciones.
“Si logramos generar que este sistema dé el resultado que la sociedad espera, que ya no tenga que hacer trámites engorrosos, que ya no haya papeleo, entonces estaremos hablando de que nuestro sistema está dando una respuesta mucho más ágil al ciudadano”, insiste.
Respecto de sus expectativas frente a la nueva forma de procurar justicia, María de los Ángeles Fromow subraya que es un anhelo esperado durante muchos años por académicos, organizaciones de la sociedad civil y otros actores clave que vieron en este esquema una posibilidad de responder a múltiples temas que eran cuestionados y que debilitaban a nuestro Estado de Derecho.
“Es un sistema donde vamos a encontrar un esquema de respeto de los derechos humanos, que ya no haya personas inocentes en la cárcel; será una justicia con rostro humano: es un giro de 180 grados, puesto que el sistema anterior estaba totalmente agotado y el nuevo abre un nuevo escenario, una nueva esperanza, una perspectiva de una mejor justicia penal en nuestro país”, concluye.
Primera audiencia en la CDMX
El mismo sábado 18 de junio se realizó la primera audiencia inicial dentro del sistema procesal penal acusatorio en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el marco de la entrada en vigor del mismo a partir del pasado día 16 en esta capital.
El juez de control Ricardo Ojeda Gándara presidió la audiencia en relación a la primera consignación hecha por el Ministerio Público bajo el nuevo sistema, respecto de un robo agravado calificado ocurrido el día 16 alrededor de las 13:15 horas en la delegación Gustavo A. Madero.
Con la presencia de la víctima —quien estuvo asistida por dos asesores jurídicos y representada por dos agentes del Ministerio Público—, el juez de control calificó de legal la detención del imputado, por lo que resolvió vincularlo a proceso y dictarle prisión preventiva.
Tras escuchar las argumentaciones del Ministerio Público, de los asesores jurídicos de la víctima y de los defensores públicos del imputado, el impartidor de justicia hizo diversas argumentaciones y determinó un periodo de 30 días para que el MP realice las investigaciones complementarias.
El hecho delictivo imputado al detenido durante la audiencia, que duró una hora con 55 minutos, consistió en que habría despojado a una mujer de 68 años de edad de su teléfono celular, para lo cual la amenazó con una pistola calibre .9 milímetros.