Impugna PGR en la Corte medidas a modo de Veracruz y QRoo

El presidente Enrique Peña Nieto instruyó para que fueran presentadas esas acciones 

Ángel Hernández
Política
PGR inconstitucionalidad
Foto: Presidencia

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó acciones de inconstitucionalidad contra los gobernadores y congresos de los estados de Veracruz y Quintana Roo, los cuales aprobaron diversas reformas y realizado actos que no son acordes a la reforma constitucional en materia anticorrupción.

El presidente Enrique Peña Nieto instruyó al Ministerio Público Federal (MPF)para presentar esas acciones para evitar la violación a los principios del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ya que los congresos de esas entidades aprobaron reformas que se oponen a los lineamientos generales del SNA.

El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, informó que la Representación Social presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las acciones de inconstitucionalidad que tienen como objetivo que el máximo tribunal revise las reformas locales de los estados de Veracruz y Quintana Roo con base en los principios y reglas de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.

Destacó que resulta conveniente que la Corte analice esas medidas toda vez que ante la falta de competencia de los congresos de las entidades federativas mencionadas, “se generará, en perjuicio del propio Sistema Nacional Anticorrupción, una inseguridad jurídica que pondría en duda las reglas de dicho Sistema”.

El funcionario explicó que se han solicitado esas acciones para que el máximo tribunal de justicia del país advierta que esos estados carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes, y que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias.

En ambos casos, los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, promovieron la designación de un fiscal y magistrados anticorrupción, y de justicia administrativa, respectivamente.

Sandoval Silva advirtió que de subsistir los decretos impugnado a través de las acciones de inconstitucionalidad, “los actos emanados de ellos adolecerían de vicios de inconstitucionalidad, pues serían emitidos con base en normas jurídicas que carecen de sustento constitucional, tales como los nombramientos de los contralores generales de los estados, de fiscales especializados en combate a la corrupción, así como de los magistrados en materia anticorrupción, en dichas entidades federativas”.

Recordó que la reforma constitucional en combate a la corrupción publicada el 27 de mayo de 2015, estableció la creación del Sistema Nacional Anticorrupción el cual conlleva la creación de Sistemas Locales que deben instituirse en cada entidad federativa del país.

Resaltó que un Sistema Nacional Anticorrupción que permita abatir la corrupción, requiere homogeneidad, coordinación y un pulso adecuado, por lo que el Sistema Nacional como los estatales deben ser coherentes, ya que de otra forma la aspiración no podrá concretarse.

De ahí que la reforma constitucional mandató que el Sistema Nacional Anticorrupción –Federación y entidades federativas-, fuera diseñado a partir de dos leyes que aún no se han publicado y que no han entrado en vigor: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por lo que enfatizó que serán esas leyes generales el medio que el Congreso de la Unión utilice para marcar la misión y la visión que debe tener ese Sistema Nacional Anticorrupción.