Después del fallido golpe de Estado en Turquía la consolidación del poder del presidente Recep Tayyip Erdogan es más fuerte que nunca: en una impresionante muestra de apoyo el líder turco fue arropado por más de dos millones de personas en Estambul durante un mitin a favor de la democracia el pasado fin de semana.
Paradójicamente, Turquía ha encontrado la unión en la lucha contra los golpistas; y tanto los partidarios como los detractores de Erdogan han cerrado filas.
En la movilización ondearon banderas turcas, sin distintivos de movimientos o partidos, y asistieron algunos líderes de la oposición para condenar el levantamiento militar sin importar las diferencias políticas.
Con ello el presidente turco recibe un espaldarazo importante en un momento en el que todos los reflectores lo enfocan.
Pero las medidas adoptadas por el gobierno después del golpe también revelan que Erdogan goza de un impulso sin precedentes. A un mes del levantamiento, más de diez mil personas han sido detenidas; 60 mil fueron destituidas de sus cargos, y más de 130 medios de comunicación fueron cerrados.
Erdogan declaró el estado de emergencia durante tres meses, otorgando al primer ministro y a su gabinete el poder de gobernar por decreto, sin el contrapeso del Parlamento. También anunció la suspensión formal de ciertos derechos prescritos por la Convención Europea de Derechos Humanos y declaró su interés en restablecer la pena de muerte.
Purgas
Las acciones se dirigen, en su mayoría, contra las personas que presuntamente están vinculadas al clérigo turco exiliado en Estados Unidos, Fethullah Gülen, a quien el gobierno acusa públicamente de orquestar el levantamiento.
Pero cada vez es más evidente que muchos han sido detenidos no por golpistas sino por sus afiliaciones políticas.
Erdogan utiliza el golpe de Estado para purgar a sus rivales políticos tanto en su administración como en el resto de las instituciones: el Poder Judicial, la policía, los medios, las escuelas, los sindicatos y los hospitales. Pero el alarmante autoritarismo en Turquía llega como colofón a una gestión caracterizada por una larga lista de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Desde su llegada al poder en 2003, Erdogan ha demostrado una vena autoritaria que le ha costado a Turquía toda clase de retrocesos. Su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) abandonó poco a poco la promesa de transformar el islamismo en una ideología compatible con la democracia y la economía liberal e instauró una poderosa maquinaria judicial de cacería de brujas contra cualquier crítico del gobierno: periodistas, académicos, activistas, blogueros, etcétera. A esto se suma el reinante clima de amenaza a las libertades civiles como leyes antiaborto, reformas contra la Constitución secular y la persecución de minorías, entre otras.
La comunidad internacional ha cerrado los ojos ante los excesos de Erdogan porque Turquía es un aliado esencial de la OTAN y de la Unión Europea, tanto en la lucha contra el terrorismo como en el tema migratorio.
Pero mientras los gobiernos de Occidente sigan tolerando la violación a los derechos y las libertades fundamentales como moneda de cambio para hacer frente a la crisis mundial de refugiados, el declive de Turquía podría llegar a un punto sin retorno.