La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las leyes en materia de corrupción aprobadas en los congresos de Chihuahua y Veracruz, que fueron impugnadas por la Procuraduría General de la República (PGR) mediante controversias constitucionales, por considerar que iban contra lo dispuesto en el sistema nacional contra la corrupción.
El pleno de ministros concluyó que los congresos locales no tenían facultades para emitir esas normas en tanto no entraran en vigor las normas generales del Sistema Nacional Anticorrupción.
En su mayoría los máximos jueces del país coincidieron en que la expedición adelantada de las normas impugnadas era ilegítima, porque si bien los congresos locales tenían atribuciones para legislar en la materia, tenían que haber esperado a que el Congreso de la Unión aprobara las leyes generales correspondientes y con ello se cumpliera con el mandato constitucional de aplicar un Sistema Nacional Anticorrupción en el que actuaran de manera coordinadas la Federación y las entidades.
El pleno de la Corte estableció que el fallo tendrá vigencia a partir de que los congresos de ambas entidades sean notificados de la decisión, por lo que quedarán sin efecto los nombramientos y actos que hubiera realizado cualquier autoridad al amparo de las normas ahora declaradas inconstitucionales.