La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, tras la suspensión del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro celebró una sesión extraordinaria en la que anunció la apertura de un “juicio político” contra el presidente de Venezuela en la sesión plenaria de este martes.
Los diputados de la oposición acordaron declararse “en rebelión” frente a la ruptura del “hilo constitucional y la democracia”. Para este miércoles se había previsto la recolección de 20% de las firmas del electorado para activar el revocatorio contra el presidente, pero esta fue suspendida por el poder electoral el pasado jueves.
Cuando los diputados ya llevaban dos horas y media de debate, integrantes de los “colectivos” chavistas irrumpieron de forma violenta en la cámara, pronunciando consignas a favor de Maduro. El alcalde chavista Jorge Rodríguez, no obstante, les ordenó que se retirasen y la calma regresó al Parlamento.
Los chavistas salieron de la cámara, no sin antes robar una cámara de Globovisión a punta de pistola, según el diario El Nacional.
Al término de la sesión, los diputados opositores reclamaron a la Fuerza Armada Bolivariana que no acate ninguna orden que no sea constitucional. Denunciaron un “golpe de Estado” del régimen de Maduro. Anunciaron que se disponen a elegir de inmediato a tres nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE, de mayoría chavista) y a destituir a las dos cuyo periodo vence en diciembre —entre ellas Tibisay Lucena— para que de este modo los venezolanos puedan celebrar elecciones. El diputado Julio Borges, del partido opositor Primer Justicia, anunció que las cuatro rectoras del CNE y los cuatro jueces regionales que truncaron el proceso de convocatoria del plebiscito serán denunciados ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por violación a los derechos humanos.
Borges, jefe del grupo parlamentario de la oposición, fue el primero en intervenir. Consideró que en Venezuela “se ha dado un golpe de Estado continuado”, acusó al chavismo de violencia y corrupción, y propuso la rebelión parlamentaria: “Frente al abandono de la Constitución, el pueblo tiene el deber y el derecho a la rebelión”.
Al mismo tiempo, el diputado Luis Florido anunció la creación de una comisión legislativa que colaborará con la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar que se active la carta democrática, que prevé la expulsión de un país del organismo. También pidió ayuda a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ante lo que calificó de “zarpazo judicial”.
Nacionalidad de Maduro
La comisión parlamentaria que investigó la doble nacionalidad de Maduro señaló que en breve recibirá una prueba contundente de la partida de nacimiento de la madre colombiana del presidente, quien en teoría podría quedar inhabilitado si se demuestra su nacionalidad colombiana por vía materna. Los diputados encargados no han recibido colaboración por parte de las autoridades venezolanas para verificar el acta de nacimiento de Maduro. Y han exigido a este que la presente tal y como lo viene solicitando la Asamblea Nacional desde hacer varios meses.
Por su parte, el diputado Luis Emilio Rondón planteó que a Maduro se le puede sancionar también por abandono del cargo, ya que es necesaria la autorización del Parlamento para cualquier viaje internacional de más de cinco días. Asimismo, podría ser sancionado por “abandono de sus funciones y deberes” al no resolver la crisis económica y social. Todo ello en el marco de la movilización convocada para el miércoles, bautizada como la “toma de Venezuela”.