Calificada como la joya de la corona en el escenario de la reforma en telecomunicaciones, la posibilidad de abrir el acceso sin inversiones mayores a nuevos competidores en materia de servicios móviles de telefonía e internet la está descarrilando la impugnación del proceso de licitación por parte de uno de los competidores.
La firma irlandesa Rivada Networks plantea un recurso de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública, alegando que se cargaron los dados hacia la otra firma que llegó a la final.
Estamos hablando de un consorcio que lideran las empresas mexicanas Axtel y Mega Cable.
De acuerdo con la ley la Función Pública suspenderá el procedimiento que está en vías de resolución, mientras se desahoga el reclamo con la posibilidad de que de resultar adverso la firma inconforme puede recurrir al amparo.
El escándalo estalló al descalificar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la oferta económica de Rivada por incumplir con la presentación de un depósito de garantía de seriedad por mil millones de pesos.
El plazo venció el 20 de octubre.
Y aunque, tras pedir una prórroga de cinco días, la firma exhibió una carta de crédito por la cantidad, no hubo posibilidad de reconocimiento.
El argumento es sólido. De haberse soslayado las reglas, la contraparte a su vez podría impugnar el procedimiento de resultar perdedora.
El problema es que el gobierno tampoco cumplió con las reglas.
De entrada, se lanzó la convocatoria con 21 meses de retraso de cara al mandato previsto en la reforma constitucional de que la Red Compartida estuviera operando en el último día de 2014.
Más aún: sobre la marcha la dependencia cambió la estructura del proyecto. Si antes hablaba de que el vencedor de la pelea debía invertir en 20 mil radiobases, ahora planteaba doce mil.
Modificaciones
En la ruta, la exigencia de inversión para quien operará 90 megahercios de la banda de 700 que quedó libre tras el apagón analógico se reducía de diez mil a entre siete y siete mil 500 millones de pesos, a desahogarse en diez años.
Publicada la convocatoria, Rivada parecía el enemigo a vencer, dada su condición de neutral en el espectro de la competencia de banda ancha y su capacidad financiera.
El asunto no es menor debido a la importancia de la Red Compartida, cuyo alcance cubriría 92% del territorio nacional con la promesa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que bajaría a la mitad el costo de transmisión para mayoristas.
El beneficio a los usuarios llegaría en 2018.
La posibilidad hablaba de aprovechar el espectro para tareas sociales, ya fuera educación, capacitación y aun medicina a distancia.
Ante una larga tradición de impugnaciones, sospechas y favoritismos en el escenario de las licitaciones de espectro radioeléctrico, se reformaron diversas leyes que le quitaron la rectoría de los procedimientos a la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones, para colocarla en manos de la SCT.
Adicionalmente se crearon tribunales especializados en el tema, con alcance al escenario de competencia, para desahogar los reclamos jurídicos.
Convertida la Cofetel en Instituto Federal de Telecomunicaciones, su tarea se volcó hacia la supervisión de las firmas del ramo, fijando reglas, impugnando prácticas anticompetitivas y ordenando el mercado.
La Red Compartida representa la puntilla para los monopolios.
Lástima.