Tal parece que las autoridades no han querido modificar la norma 26 de Desarrollo Urbano, con la que se han beneficiado los desarrolladores, porque con simples candados se obligaría a las inmobiliarias a cumplirla y no es necesario crear otra, pero si no se revisan los vínculos personales y profesionales de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso que resuelven en contra de los capitalinos, continuará el déficit de vivienda popular. Ni lo dude.
“Acción Nacional ha insistido en modificar la norma 26. Cuando se discutían las normas 30 y 31 se propuso que no era necesario cambiar la existente, sino simplemente modificarla. Porque creemos que debe existir la vivienda popular, pero queremos que con la norma 26 se garantice que va a llegar a la gente que realmente lo necesite”, dice la asambleísta blanquiazul Priscila Vera Hernández.
Tiene razón: ¿para qué se hacen bolas? Ahora que si la intención es el beneficio de los desarrolladores, pos le van a seguir dando vueltas.
Explica la legisladora que “tal como está redactada, la norma 26 dice que es de 726 mil pesos el precio final de venta de esas viviendas de interés social, pero esta cantidad debe incluir condiciones mínimas para ser habitables: se tiene que incluir la cocina. Y los desarrolladores dicen: ‘Yo vendo en obra gris, obra blanca, o bien el comprador pone los acabados’. Y el precio final aumenta”.
Pues sí. Ellos saben su negocio. Y la autoridad pasa sin ver. Ya centaveada, como pa’ qué se fija. Pura simulación, nomás.
“¿Qué es lo que planteamos?”, precisa la diputada local Vera Hernández. Pues “que se reforme la norma y se especifique que sea obligatorio para escriturar presentar un avalúo. Y si resulta con 10% o más arriba del precio estipulado que el notario no escriture, que se prohíba. Y veamos entonces si el desarrollador se arriesga”. No, pos sí. Podrá construir por debajo del precio establecido en la norma, pero nunca más caro. Perderían. Y no son madres de la caridad. ¿O me equivoco?
“Son candados sencillos, pero efectivos. No generan más burocracia. Y evitarán que los desarrolladores, al amparo de la norma 26 para vivienda popular, vendan casas o departamentos de lujo con un beneficio enorme, que deja fuera del alcance a las familias que necesitan una vivienda”, dice.
Tiene razón. ¡Es tan fácil! Sólo falta voluntad política, que se vea que no hay intereses tras las inmobiliarias. Que son mentiras las denuncias de corrupción. ¿Lo harán?...
El bolso de Laura…
Ahora le cuento que la Asamblea Legislativa va por un padrón de proveedores, que lo tiene, pero quedarán sólo aquellos que contraten personal que tenga derecho a la seguridad social. De lo contrario no tendrán acceso a ofertar sus productos en el gobierno capitalino.
Esto para seguir con el tema del aumento salarial propuesto por el jefe de Gobierno. ¿Qué le parece?... Y dicen los que saben que se han multiplicado las denuncias en contra del delegado en Cuauhtémoc, Alejandro Fernández. Resulta que adelantó “el año de Hidalgo” y como desesperado trata de desalojar a personas que habitan predios codiciados por el funcionario. La invasión en predios con problemas legales es el negocio de todos los que llegan a esa demarcación.
Dicen que para llevar a cabo el negocio cuenta con la líder de Provivienda Independiente, Norma Angélica Moreno Iturria, aviadora en la delegación: cobra 35 mil pesos mensuales. ¡Y dígale algo! Nadie se atreve…