Teniendo como principales escuchas a los integrantes del gabinete en pleno, así como a los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, en la conmemoración del 106 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana el almirante secretario de Marina-Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, leyó un discurso con dos tesis centrales.
La primera tiene que ver con la entera disposición y compromiso institucional de persistir en ser las Fuerzas Armadas el baluarte en la lucha contra el crimen organizado. Para ello, Soberón recordó el origen popular del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, producto de una lucha por la libertad y la democracia.
La segunda fue reiterar —como ya lo había hecho con anterioridad el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda— la oportunidad de crear una normatividad que le permita mejor actuar a las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la recuperación de la seguridad pública, a petición de la sociedad y por instrucciones del comandante supremo.
Textualmente, señaló que es necesario “formular un marco jurídico que impida el estado de incertidumbre en el que soldados, pilotos y marinos hemos permanecido; que brinde certeza jurídica a nuestro actuar y descarte cualquier vacío legal”.
Requerimientos
Deben considerarse tres aspectos; dos de naturaleza estructural y uno coyuntural.
Los estructurales corresponden, por un lado, a la forma en que bajo una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que procede de 2000, existe la cobertura a las acciones de las Fuerzas Armadas en labores sustantivas de seguridad pública, pero a la fecha no ha habido avance sustancial en la materia; y, por otro lado, derivado de lo anterior, Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora Enrique Peña han persistido en la misma línea de acción: ubicar a las Fuerzas Armadas en la primera línea de contención y sometimiento al crimen organizado.
El aspecto coyuntural es la inexplicable inacción de los poderes Legislativo y Judicial para generar la normatividad que de manera específica provea a los militares y navales de los recursos legales, con la finalidad de actuar mejor en apoyo de la sociedad.
Quienes por diversas razones consideran injustificado el planteamiento para procurar esas leyes dejan de lado que la agudización de los antagonismos regionales y geopolíticos van en constante aumento.
Por ejemplo, el tráfico de armas o bien el acceso a los recursos tecnológicos con los que cuentan los criminales para cometer sus acciones contra la sociedad y las autoridades.
Es preocupante y peligroso leer que en lo que resta del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, no se tienen previstos indispensables ajustes, como una ley que faculte a la Armada de México para hacerse cargo de la vigilancia y supervisión de los puertos en todo el país… como también lo es el hecho de que no haya mayores avances en la actualización de la Ley de Seguridad Nacional, la socialización de la Política Nacional de Defensa y, sobre todo, una Ley de Seguridad Interior.
Como expresó el titular de la Marina, los integrantes de las Fuerzas Armadas estarán el tiempo que sea necesario en esas labores de seguridad pública, sin importar el costo que esto pueda representar. Sin embargo, cabe cuestionarnos sobre el nivel o calidad del compromiso de los legisladores y magistrados para corresponder a tan importante y fundamental esfuerzo realizado por ambas secretarías.