En México el robo de identidad es una tendencia que muestra un severo repunte en el último lustro, por lo que despierta una honda preocupación de autoridades financieras, electorales, comerciales, fiscales, judiciales, cibernéticas y, por supuesto, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Hoy nadie se salva de estos ilícitos: contribuyentes, usuarios de la banca comercial, compradores en línea, empresas, ciudadanos inmersos en las redes sociales y hasta instituciones son afectadas por el robo de identidad.
Ni qué decir del modelo poco conocido de los delitos electorales realizados por personas que sufragan con credenciales de elector obtenidas con “actas de nacimiento falsas”, denunciado de manera reciente por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Frente a ello, funcionarios y expertos expusieron visiones, problemáticas y sugerencias durante el foro Robo de identidad, protección de datos y medios de identificación personal, organizado por el INAI, donde se presentaron datos reveladores sobre este fenómeno delictivo en alza.
Estadísticas
Datos de la Procuraduría General de la República (PGR) determinan que cada año se abren cerca de tres mil averiguaciones previas por la presunta falsificación de documentos, incluyendo el robo de identidad y el fraude financiero.
Por su parte, la División Científica de la Policía Federal reporta que cada año atiende aproximadamente 600 reportes sobre robo de identidad.
Al mismo tiempo, de acuerdo con el Banco de México, en 2015 el país ocupó el octavo lugar a nivel mundial por el número de casos de robo de identidad, de los que 67% tiene que ver con el extravío de documentos; 63% con el robo de bolsas, carteras y portafolios; mientras que 53% estuvo asociado a la clonación de tarjetas bancarias.
Y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), mediante un informe a la Cámara de Diputados, reveló que en el transcurso de febrero y abril de 2016 se ejecutaron mil 346 acciones de defensa por robo de identidad, a través del protocolo de atención respectivo.
En respuesta a un punto de acuerdo avalado por los legisladores, quienes solicitaron reforzar acciones contra el robo de identidad, la institución agregó que en el primer semestre de 2015 las quejas y denuncias sobre casos de posible robo de identidad aumentaron 40% en comparación con 2104, al subir de 20 mil 168 a 28 mil 258.
La Condusef indicó que de cada 100 reclamos por fraude electrónico “dos corresponde a posibles robos de identidad”.
En valor monetario, durante el primer semestre de 2015 el monto involucrado en presuntos fraudes y robos de identidad fue de aproximadamente 118 millones de pesos, es decir, 18% más que en el mismo periodo de 2014, motivo por el cual los bancos tuvieron que abonar 69 millones de pesos, equivalentes a 58% de lo reclamado.
Y algo revelador: los promedios internacionales, a los que ya se está incorporando México, de acuerdo con la Firma de Seguros y Manejo de Riesgos Oswald indican que 34% de la información robada es de trámites de gobierno, 17% de tarjetas de crédito, 14% de teléfonos y servicios públicos, 8% de bancos, 6% son datos de trabajo y 4% tienen que ver con préstamos.
Para esta compañía trasnacional “la información obtenida de manera ilícita es utilizada para solicitar tarjetas de crédito, firmar cheques en blanco, hacer transferencias desde cajeros, comprar inmuebles o comprometer a otra persona en un arresto”.
Identidad electoral
Uno de los casos más representativos de robo de identidad se suscita en el ámbito de la credencial para votar con fotografía, revela Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade.
“El robo de identidad es de los más relevantes en la conformación y protección de los derechos fundamentales en el siglo XXI. Se trata por ello de ver mecanismos interinstitucionales y académicos para reflexionar en torno del robo de identidad, la protección de datos personales y los medios de identificación de naturaleza personal”, dice.
Para la Fepade “es muy importante por dos razones: primero, porque se trata de nuevas modalidades de ilícitos penales con las que no estábamos acostumbrados a trabajar en la Fiscalía y que creo que es importante que se den resultados a la ciudadanía de forma pronta; y, segundo, porque se trata de un ilícito en el ámbito penal electoral que termina vulnerando derechos fundamentales: el robo de identidad afecta el derecho a la personalidad e identidad, pero también permite la distribución ilícita de los datos del Padrón Electoral y es una violación a la protección de los datos personales”.
A partir de esto, agrega, “habría que revisar tres vertientes: primero, la usurpación de identidad y cómo se está dando este fenómeno generalmente para obtener credenciales para votar de manera ilícita, con la que se cometen otras conductas delictivas: despojo, trata de personas, tráfico de menores, robo, extorsión y fraude”, afirma Nieto.
En segundo lugar menciona “el uso de la identificación con fines electorales, lo cual hemos encontrado recientemente. En 2015, en un asunto que llevó a la remoción de los consejeros electorales de Chiapas, se usurpó la identidad de un grupo importante de ciudadanos para generar un listado nominal de residentes en el extranjero. Esa investigación sigue por parte de la Fiscalía y estamos a la espera de información que tendrá que proporcionar el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a efecto de poder consignar ante las autoridades judiciales” a los responsables.
Y tercero: “Finalmente, el tema de la protección de datos que hemos visto con preocupación. ¿Cómo en Amazon, Digital Ocean y otro tipo de servidores se empiezan a encontrar los datos de todos y todas los ciudadanos mexicanos o de los ciudadanos y ciudadanas relacionadas con una sola entidad federativa?”
Nieto Castillo expresa que “se han iniciado cuatro mil 59 averiguaciones previas relacionadas con la usurpación de identidad, de 2007 a 2016. La Ciudad de México y el Estado de México, por ser las entidades con mayor intensidad poblacional, son las áreas donde tenemos un mayor número de casos en el que el Instituto Nacional Electoral identifica que una persona ya se había registrado y presenta la denuncia correspondiente. De este universo se ha ejercido acción penal en dos mil 549 casos”, precisa.
Explica el modus operandi: “La usurpación de identidad se registra cuando una persona acude a un módulo del INE y suplantan los datos de una persona. Generalmente es a partir de actas de nacimiento falsas, con testimonios falsos, donde los funcionarios del módulo les toman la fotografía, les toman los datos y les expiden la credencial. Hay que decir que son casos mínimos, pero hay que identificarlos”, concluye Nieto Castillo.
Legislación
A Jorge Nader Kuri, director general de Control de Averiguaciones Previas de la PGR, sostiene a su vez que la identidad de las personas es un derecho humano “con valor de la máxima importancia social, por lo que debe ser considerado como un bien jurídico tutelado en el derecho penal”.
De hecho, explica, “ya existe un decreto con reformas al Código Penal Federal, aprobado por la Cámara de Diputados, en el que se tipifica el delito de usurpación de identidad, mismo que ha sido turnado al Senado de la República”.
Y recuerda Nader Kuri que “en el decreto de reformas se establece que comete este delito de usurpación de identidad la persona que, utilizando cualquier medio ilícito o lícito, se apodere, apropie, transfiera, utilice o disponga de datos personales sin autorización de su titular, o bien suplante la identidad de una persona con la finalidad de cometer un ilícito o favorecer su comisión”.
Para Aurelio Castro, director general de Desarrollo Financiero, Estadístico y Operativo de la Condusef, “de los casos que llevamos siete de cada diez se resuelven en favor del usuario. En muchos de los casos las credenciales del INE resulta que se han falsificado, así como cédulas profesionales e inclusive pasaportes. Nos ha tocado ver que son los medios por los cuales las bandas delictivas operan”, apunta.
No hay duda: el robo de identidad está en alza en el país, por lo que autoridades, legisladores y el INAI redoblan esfuerzos en el combate a este delito.