Las cifras hablan por sí solas: 91% de los ciudadanos no confía en los partidos políticos, 83% no confía en los legisladores y solo 37% de la población confía en la democracia, de acuerdo con el estudio Anatomía de la corrupción.
Los ciudadanos desprecian a la clase política porque los políticos se han encargado de llevarse jugosas ganancias con poco trabajo.
Y para muestra, el Poder Legislativo.
El Senado, por ejemplo, dejó 800 pendientes en este periodo ordinario, un aumento de 197% respecto del mismo periodo del año anterior; mientras que los diputados dejaron mil 331 pendientes, un incremento de 248 por ciento.
La primera sesión de la Comisión Permanente duró una hora y los legisladores fueron citados hasta el 5 de enero.
Eso sí: sus ingresos son altos, aunados a privilegios como el de los diputados, que aprobaron un bono por 150 mil pesos para el pago de colaboradores y gestión social, pero ante la crítica unos lo donarán y al menos 70 de 500 renunciaron a él.
Insisto en que así como tenemos el derecho a votar también tenemos la obligación de exigir rendición de cuentas a nuestros representantes. Esta y la transparencia pueden ser aliadas de los políticos para recuperar la confianza ciudadana.
Ojo: les recuerdo que a quienes elijamos como legisladores a partir de 2018 podrán ser reelectos hasta completar doce años en el cargo. Pero con eso de los llamados chapulines, un político o un independiente pueden saltar de una cámara a otra sin restricción. Por eso la importancia de dar resultados.
Corrupción de gobernadores
Este año, sin duda, fue marcado por la corrupción de algunos gobernantes y por primera vez la Procuraduría General de la República ofreció 15 millones de pesos por dos ex mandatarios: Javier Duarte, de Veracruz, y Tomás Yarrington, de Tamaulipas. De la cárcel no se salvó Guillermo Padrés, de Sonora, por diferentes ilícitos. Y ni sus luces de otro señalado por corrupción, Roberto Borge, de Quintana Roo. Poco a poco, Javier Corral saca las irregularidades en las que presuntamente incurrió César Duarte en Chihuahua. Y Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas, tiene una denuncia penal por el posible desvío de recursos públicos.
Los gobernadores definitivamente ganaron las primeras planas de los periódicos y, desafortunadamente, no fue por cosas bien hechas sino por señalamientos de corrupción.
Las investigaciones contra los gobernadores por parte de la PGR seguirán en 2017, un año que se vislumbra complicado, así que prepárese, porque habrá un nuevo presidente en Estados Unidos, una competencia electoral en México con miras a 2018 y la liberalización del precio de la gasolina.
Estilo mata carita
Esta es la última columna del año. Gracias, lectores, por el interés. Les deseo un 2017 lleno de satisfacción. Y los dejo con esta noticia: la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León recomendó al gobernador Jaime Rodríguez Calderón que evite el lenguaje sexista, estereotipado y no incluyente…