Hablar de la tercera parte de la población de un país no es poca cosa: en México esa tercera parte la constituyen menores de edad, es decir, casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes que representan uno de los principales desafíos para la definición de estrategias de políticas públicas en el país.
En este bono demográfico se encuentra, además, el futuro de nuestro país: no solo de los infantes en sí sino de la población en su conjunto, por lo que no invertir en ellos sería perder una gran oportunidad de desarrollo.
En 1990 el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef) llevó a cabo una cumbre mundial en la se aprobaron la Declaración sobre la sobrevivencia, protección y desarrollo de los niños y un plan de acción con el que la comunidad internacional se comprometió a instrumentar medidas encaminadas a proteger y promover los derechos de niños y niñas a sobrevivir, aprender, crecer, desarrollarse y alcanzar su pleno potencial, además de reconocerlos para ello como sujetos de derechos.
Especialistas en la infancia a nivel mundial afirman que las niñas, niños y adolescentes transitan por varias etapas en las que se identifican necesidades básicas que garantizan su pleno desarrollo.
Principalmente los primeros años de vida resultan cruciales para la supervivencia de los menores, por lo que cumplir los cinco años es un logro importante. Después de esa edad, asistir a la escuela y recibir una educación de calidad resulta esencial para desarrollar sus potencialidades y ampliar las oportunidades que les permitan mejorar su calidad de vida.
En México la encuesta intercensal señala que el número de niños menores de cinco años asciende a 10.5 millones; que 22.2 millones se encuentran en edad escolar (de cinco a 14 años), y que 6.4 millones son adolescentes de 15 a 17 años, los cuales requieren de una atención integral en materia de educación, salud y desarrollo social, que cumpla demandas específicas para integrarse a la vida adulta.
Avances
El Unicef afirma que en las últimas dos décadas México ha logrado importantes progresos en la mejora de las condiciones de vida de la población infantil.
Los niños y niñas tienen derecho a sentirse seguros, a tener un hogar, una familia que los proteja, alimento, acceso a servicios de salud, así como a contar con lugares donde puedan jugar y desarrollarse plenamente.
Para que todo esto sea posible deben brindárseles las mejores condiciones de vida a través de programas que los atiendan y que garanticen esos derechos.
A fin de contribuir con los esfuerzos nacionales al respecto se han implementado diversas políticas públicas, principalmente la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), además del sistema 25 al 25, que son los objetivos nacionales de derechos que se deben cumplir para 2025.
A un año de instalado el Sipinna, se cuenta ya con más de 800 sistemas locales y municipales de protección, 900 procuradurías de protección y más de mil 200 autoridades que trabajan en estos sistemas en favor de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Sin embargo, aún se necesita redoblar esfuerzos para que los 21.4 millones de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de pobreza cuenten con las mismas oportunidades y condiciones de igualdad que otros.
Por ello es vital enfocar todos los recursos necesarios en atender prioritariamente a quienes más lo necesitan, a los más vulnerables.
En México los niños y niñas de cero a cinco años son quienes se encuentran en mayor desventaja en comparación con otros grupos de población infantil, ya que reciben el menor porcentaje del gasto público per cápita y presentan el menor nivel de desarrollo humano.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), dice a Vértigo que es muy grave que el sistema no tenga presupuesto. “El reto es que los objetivos trazados lleguen a cada niña y cada niño, por lo que es importante que estos esfuerzos sean acompañados por los recursos necesarios para garantizar los derechos de este grupo poblacional, porque lo que se busca es que sea un mecanismo de coordinación de alto nivel. Y si no se invierte dinero en ello, no tendrán ninguna perspectiva”.
Violencia
Uno de los aspectos que más afectan a la población infantil es la violencia intrafamiliar: de acuerdo con el Sipinna, 60% de este sector es violentado y 28% de la población adulta cree que se justifica como un auxiliar educativo.
El Unicef señala a su vez que México se encuentra en un momento propicio para acelerar las acciones de prevención y respuesta ante la violencia contra la niñez y los adolescentes, por lo que debe aprovechar la oportunidad de establecer soluciones multidisciplinarias que involucren a actores clave de gobierno, sociedad civil, sector privado y academia.
La Encuesta nacional sobre discriminación en México da cuenta, en tanto, de que 96% de las personas en el país dice que existe violencia física contra los niños y a pesar de ello no parece haber alarma social; por el contrario, se considera como “normal”.
El director y coordinador de vinculación del Sipinna, Daniel Ponce Vázquez, señala en entrevista que esta situación es de preocupación, pero también de ocupación: “Mientras se siga pensando que una nalgada, los golpes o dejar sin alimentos o sin ciertos derechos a los niños es una manera de educarlos, estaremos contribuyendo a la violencia”.
Por ello, dice el funcionario, debe trabajarse de manera intensa en el tema y el Estado mexicano debe responder para poder enfrentar este problema. “Cuando hablamos del Estado hablamos no solamente de las instituciones del gobierno, sino de la sociedad en su conjunto. Y esto atañe a medios de comunicación, a iglesias, a organizaciones de la sociedad civil y a las familias”.
Informa que se reciben en el Sipinna un promedio de 300 reportes al mes de niños que son objeto de acciones de violencia física, emocional o sexual, o que son cooptados por la delincuencia.
El Unicef añade al respecto que la violencia es uno de los principales retos que enfrenta la niñez: en los últimos cinco años, entre 2010 y 2015, cada día fueron asesinados cuatro niños en promedio, mientras que 40% de menores de diez a 17 años reportan haber sido víctimas de violencia escolar, por lo que se debe poner énfasis en este problema.
Al respecto, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim, avala la cifra en entrevista con Vértigo y agrega que se sustenta en datos oficiales.
A su juicio, hay que tener presente además que hay inconsistencias: “No siempre coinciden los datos de homicidio que tiene el INEGI con los que tiene el sector salud, porque el INEGI depende de los datos de la Procuraduría y el sector salud de otros, que serían los cuerpos de los niños mismos”.
Incluso, indica, “se ha documentado que a veces tenemos más muertos que averiguaciones previas; son datos muy frágiles y en algunos estados se da el fenómeno de maquillar datos, lo cual es preocupante”.
Es importante señalar que estos temas no pueden solucionarse de manera aislada, por lo que es necesaria una atención integral, ya que además en esta etapa de la vida se presentan aspectos que impiden el desarrollo, como pobreza, marginación, discriminación, discapacidad, trabajo infantil, migración o violencia intrafamiliar, entre otras situaciones que se amplifican si son mujeres, indígenas, pobres o con alguna discapacidad.