Programa de liberalización de precios de combustibles

La SHCP y la CRE establecieron un proceso gradual que durará doce meses y abarcará 90 regiones en el país

Norberto Vázquez
Política
Gasolinazo
Foto: Notimex.

Como parte de un proceso gradual que se desarrollará a lo largo del año, la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) definieron un calendario de precios para las gasolinas Magna y Premium, así como para el diésel, que entró en vigor el pasado 1 de enero y concluirá el 30 de diciembre próximo.

El proyecto incluye la división territorial del país en un total de 90 regiones, conformadas por siete en la frontera y 83 al interior de la República, que corresponden a las zonas que abastece la infraestructura existente de almacenamiento y reparto de Petróleos Mexicanos (Pemex) de estos combustibles.

Y ante la molestia que estas medidas causaron entre la ciudadanía, provocando marchas, protestas y manifestaciones en diversas áreas del país, diversas organizaciones civiles, cúpulas empresariales y la misma clase política lanzaron un llamado a las autoridades para tratar de aminorar el impacto económico que representará el ajuste de precios a los combustibles.

Ajustes

Las dependencias gubernamentales a cargo de estas políticas administrativas definieron que durante 2017, para llevar a cabo este proceso, “los precios máximos se determinarán por región y reflejarán los costos logísticos de Pemex, en los términos aprobados por la Comisión Reguladora de Energía”.


Asimismo, “durante el año se irá reduciendo el periodo entre ajustes para que, a partir de la tercera semana de febrero, estos se lleven a cabo de manera diaria”, señala la Secretaría de Hacienda.

La dependencia establece que los precios máximos diferirán entre las distintas regiones del país, reflejando los costos de llevar los combustibles a cada uno de estos territorios.

“La diferencia en costos obedece a la distancia de cada localidad a las refinerías de Pemex o a los puntos de importación, así como a los diferentes tipos de infraestructura para el transporte y distribución del combustible. Cuando en alguna localidad las normas ambientales exijan el uso de combustibles de mayor calidad, esto se reflejará también en el precio máximo”, puntualiza Hacienda.

Fórmula

Para entender lo anterior, la Secretaría de Energía definió una fórmula sobre los precios máximos regionales que se determinarán mediante cuatro componentes básicos:

Uno Precios de referencia internacional de cada combustible. “Esto representa el costo de adquirir los combustibles en el mercado internacional. El precio de referencia utilizado será el de los mercados de la costa del golfo de Estados Unidos. Este costo es común para todas las regiones del país, excepto por el ajuste por calidad que aplica para cada zona específica, de acuerdo a las normas ambientales aplicables”, afirma.

Dos Costos de “transporte, internación, flete y distribución de Pemex”, los cuales variarán “para cada región”.

Tres Gravámenes aplicables como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial para Productos y Servicios (IEPS): no hay ningún incremento en los impuestos aplicables a estos combustibles.

Cuatro Margen comercial al menudeo para las estaciones de servicio, que serán conceptos aplicables según las regiones.

Precios

Sobre los precios, la Secretaría de Hacienda explica que en las siete zonas ubicadas en la frontera con Estados Unidos el precio máximo se establecerá para limitar la diferencia en precios entre una ciudad mexicana y una urbe estadunidense ubicada del otro lado de la frontera.

“Esto se dará a través de ajustes en los impuestos correspondientes. Anteriormente, el esquema en zonas fronterizas se manejaba a través de precios diferenciados de Pemex en sus ventas a las estaciones de servicio de la zona. En un entorno de importaciones libres y apertura de mercado, donde habrá gasolinas distintas a las de Pemex, los ajustes se llevarán a cabo directamente a través de las estaciones de servicio en sus ventas a los consumidores”, menciona la SHCP.

Los precios máximos, determina la entidad hacendaria, “ahora se ajustarán con una mayor frecuencia comparada con lo que se hizo en 2016. Se comenzará con un solo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero de 2017, para después en febrero hacer dos actualizaciones semanales en las primeras dos semanas del mes. A partir del sábado 18 de febrero se determinarán de manera diaria hasta el 30 de diciembre”, expone.

Así, desde el pasado 1 de enero el precio de la gasolina tendrá aumentos de hasta 20% en todo el país: los incrementos de las gasolinas serán de 14.2% en el precio de la Magna; 20.1% para la Premium, y 16.5% para el diésel, con respecto del precio máximo observado en diciembre de 2016.

Sin embargo, cabe recordar que cada una de las 90 regiones en las que fue dividido el país tendrá sus propios costos: los precios máximos para cada zona están disponibles en la página de la Comisión Reguladora de Energía, www.cre.gob.mx.

Hacienda justifica estas políticas públicas aplicadas: “Estos cambios en los precios responden al aumento en los precios internacionales de los combustibles y no implica ninguna modificación o creación de impuestos”.

Necesaria

Para el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, “es importante subrayar que este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos. ¿Por qué subió entonces el precio de la gasolina? Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%”, dijo el mandatario.

Esto, a su vez, agrega, “ha aumentado el precio internacional de la gasolina, lo que nos afecta directamente, ya que desde hace años, México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En pocas palabras, se trata de un aumento que viene del exterior. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento”, determinó.

Y explicó: “Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o a incrementar la deuda del país, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía. De hecho, mantener un precio artificial de la gasolina en 2017, como el que teníamos en diciembre, habría significado un gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos”.

Al realizar un comparativo de los costos, indicó el presidente que “este monto equivale a paralizar por cuatro meses todos los servicios del Seguro Social, desde consultas con el médico familiar, hasta cirugías, guarderías y servicios de emergencia; interrumpir dos años completos los apoyos que entrega el Programa Prospera a casi siete millones de familias; suspender tres años el Seguro Popular, que cuida la salud de más de 50 millones de mexicanos…”

Determinó que “mantener (los) precios artificiales de la gasolina significaría quitarles recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen. Los datos duros hablan por sí mismos: 60 millones de mexicanos, los de menores ingresos, solo consumen 15% de la gasolina, mientras que doce millones, 10% de la población de mayores ingresos, consume 40% de la gasolina”.

Peña Nieto añadió que esto se pudo hacer antes: “En el pasado, otros gobiernos decidieron mantener artificialmente bajo el precio de la gasolina, para evitar costos políticos. Lo pudieron hacer porque el país producía más petróleo, que se vendía más caro que nunca en la historia y el gobierno tenía ingresos excedentes. Así, tan solo en el sexenio anterior se perdieron casi un billón de pesos, es decir, un millón de millones, subsidiando la gasolina”.

Y concluyó el presidente: “A pesar de esta explicación sé que el hecho de que las gasolinas se ajusten a su precio internacional es un cambio difícil. Pero como presidente mi responsabilidad es justamente tomar decisiones difíciles en el presente, para evitar afectaciones mayores en el futuro”.

Posiciones

Víctor Alvarado, investigador de Movilidad y Transporte de El Poder del Consumidor, destaca que “el aumento a las gasolinas es un pequeño síntoma, ante el problema de transporte en las grandes urbes, que data de más de 40 años atrás, porque México diseñó ciudades para el tránsito de automóviles y no de personas”.

Alvarado reconoce que con el aumento de las gasolinas “se logra desalentar el uso del automóvil, pero a nivel federal no se ha apostado por una política pública que destine recursos al transporte público. De diez años para acá, la obra pública ha propiciado el uso del automóvil con creación de infraestructura vial. Ahora debe respaldarse al transporte público y con el paso de los meses nos vamos a dar cuenta de las consecuencias de las decisiones tomadas”, comenta.

Bernardo Baranda, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo para América Latina, asume que “una parte del sobrecosto de las gasolinas debería fortalecer el sistema de transporte para mejorar la frecuencia del servicio con más trenes y camiones”.

El aumento a las gasolinas, establece el experto, “es una oportunidad para impulsar el transporte público por calidad ambiental, razones económicas y de tiempo. La movilidad en autos particulares ya no da. Debe quedar claro que en la actualidad es mucho mejor mover a la población en transporte público”.

Las organizaciones empresariales tienen también sus puntos de vista. “El alza de los precios de los combustibles es desproporcionada y preocupante, porque atenta a la economía y al bolsillo de los consumidores”, advierte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Por su parte, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, señaló no hay forma de revertir el aumento al precio de las gasolinas y reiteró que durante el sexenio pasado había recursos excedentes con los que no se cuenta actualmente.

Las circunstancias de hoy, reafirmó Meade, son muy diferentes a las que imperaban en anteriores administraciones, cuando los precios del petróleo era muy superiores a los actuales y México producía 2.5 millones de barriles de gasolina mientras que en la actualidad se producen únicamente 1.9 millones.

“En la administración de Felipe Calderón había recursos excedentes con los que no contamos hoy”, puntualizó el titular de la SHCP.

Meade recalcó, sin embargo, que en el gobierno federal “estamos buscando la manera de apoyar a los sectores afectados”.

Alternativas

Mike González, integrante de Mercadotecnia en ArkusNexus, firma dedicada a la comercialización de combustibles alternativos, dice por separado que “si bien todos los ojos se encuentran puestos en la apertura del mercado y la creciente competencia en el sector gasolinero, existe una rama en la industria energética que poco a poco ha logrado avances en su expansión en el país: nos referimos a la rama de los combustibles alternativos”.

Expone que “de momento existen dos alternativas a la gasolina tradicional en México: el gas natural y los biocombustibles. El primero enfrenta una gran barrera de entrada, ya que no solo se trata de que existan estaciones de servicio de este energético, sino que también se requiere que los vehículos sean capaces de soportarlo, lo que usualmente requiere conversiones en vehículos convencionales que pueden resulta6r algo costosas”.

González menciona sobre el segundo combustible alternativo que “los biocombustibles como el etanol enfrentan una barrera de entrada menor, ya que no es necesario realizar ninguna conversión mecánica a los vehículos para utilizar este tipo de combustible, siempre y cuando la mezcla sea hasta 20% de etanol. Sin duda, existe un panorama llamativo para este tipo de combustibles. El tiempo y el mercado dirán cuál será su futuro en este país y si su adopción pudiera alcanzar los niveles de países como Brasil”, determina.

Dada la situación en los precios de las gasolinas fósiles, concluye González, “este año será interesante para los combustibles alternativos, se verá qué tan efectivas han sido las alianzas realizadas por las compañías mexicanas para impulsar su comercialización y también qué tan receptivo está el mercado mexicano para la introducción de estas alternativas de combustibles”.