El presidente Enrique Peña Nieto ha enfrentado en los primeros días de este 2017 lo que parecerían ser los peores momentos de su mandato. La decisión de subir los precios de las gasolinas y abandonar el viejo sistema que establecía un precio único en todo el país sin considerar circunstancias locales o costos de transporte ha llevado no solo a severos cuestionamientos políticos y sociales, sino además a una serie de bloqueos de carreteras, ataques a gasolineras y saqueos de comercios.
Lo anterior se aúna a las nuevas amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de las empresas estadunidenses que invierten en México. Ford Motor Company decidió cancelar un proyecto de inversión ya acordado en San Luis Potosí que habría generado dos mil 800 empleos directos y quizá diez mil indirectos. La cancelación provocó una nueva depreciación del peso.
El presidente Peña no estuvo en la Ciudad de México en el momento en que se dio a conocer el aumento de la gasolina ni cuando empezaron las reacciones en contra. Se encontraba de vacaciones en Mazatlán y poco ayudó a su imagen que haya jugado al golf en esos días con el nuevo gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz. Finalmente, el mandatario ofreció un mensaje televisado el 4 de enero en el que, además de presentar a los nuevos titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura, sostuvo que entendía el malestar de la gente. Añadió, sin embargo, que el alza en los combustibles era necesaria para preservar la estabilidad económica del país.
Los precios del petróleo han subido de forma muy importante en el último año. La mezcla mexicana de exportación lo hizo en 69% en 2016. En el mismo periodo el tipo de cambio del dólar frente al peso subió 20%. El precio de la gasolina que parecía razonable a mediados de 2016 ya no lo era a principios de 2017. No elevar el precio habría significado que el gobierno subsidiara la gasolina.
Subsidio
Para algunos líderes políticos el gobierno puede y debe subsidiar la gasolina. Lo ha hecho, en efecto, durante años. Pero esta es una pésima política económica y social. Si bien la gasolina es un producto con implicaciones a lo largo y ancho de la economía, subsidiarla beneficia de manera desproporcionada a los segmentos de clase media y a los ricos. Quienes tienen automóvil privado obtienen una tajada mucho mayor que quienes usan transporte público o, peor, quienes viven aislados en la sierra sin acceso siquiera a ese transporte.
El presidente hace bien en mantener el aumento en el precio de la gasolina. De hecho, los precios tendrán que subir más si el petróleo crudo continúa su alza y el peso sigue depreciándose.
Las presiones políticas, sin embargo, se han vuelto enormes. El aumento en las gasolinas puede ser inevitable, pero eso no lo hace popular. La gente sabe que entre más suba el precio, más bajará su ingreso disponible.
El presidente ha prometido dar apoyos a los grupos más necesitados para ayudarles a sortear este mal momento. Desafortunadamente, los subsidios siguen siendo el expediente político más común en nuestro país. Repartir dinero es una forma fácil de comprar el voto y la lealtad de la gente pobre.
Más sensato sería eliminar los enormes obstáculos para la inversión y la creación de empleos en nuestro país. Esto crearía una prosperidad real. Pero en los juegos populistas estas soluciones de largo plazo no son siquiera tema de discusión.