El sentimiento anti Enrique Peña Nieto en algunos sectores activistas en las redes ha distorsionado las oportunidades para la discusión nacional de temas vitales. El “¿usted qué haría?” del presidente de la República en su mensaje de año nuevo para explicar las razones del aumento en las gasolinas debió de haber iniciado un gran debate nacional sobre el verdadero trasfondo del enésimo incremento en los precios al consumidor de las gasolinas.
La racionalidad del mensaje gubernamental se hundió en el pantano del resentimiento popular. Los precios públicos de las gasolinas son la expresión de la política económica: suben para tapar hoyos presupuestales. Fue más que cierta la explicación oficial de que no subir precios de combustibles hubiera llevado a recortes presupuestales o solicitar más deuda.
La lógica de los precios de bienes y servicios públicos se rige por la dinámica del ingreso-gasto; es decir, que el volumen de ingresos debe definir el nivel de gasto. Sin embargo, los gobiernos actúan al revés: primero definen el gasto y luego establecen los ingresos. Una persona sensata no gasta lo que quiere sino lo que tiene; y si sus ingresos escasean, no hay más que dos caminos: bajar el gasto o subir los ingresos.
El gasto gubernamental ha ido en aumento constante por razones conocidas: nuevos programas, incremento de la burocracia, creación de nuevos organismos que requieren de dinero para funcionar. En contraste, el ingreso fiscal se ha estancado. Por eso el gobierno requiere trasladar costos al consumidor, a recortes o a deuda y liberar de gasto al presupuesto.
Tareas
El dilema a debatir es sencillo: o el gobierno baja su cobertura de gasto abandonando programas sociales, despidiendo burocracia o negándose a financiar organismos autónomos, o busca una gran reforma de ingresos que aumente los ingresos. En el periodo 1940-1982, el crecimiento promedio anual del PIB de 6% permitía el pago de impuestos para financiar el gasto; con tasa promedio anual de 2% de 1983 a la fecha el ingreso del gobierno se ha reducido.
En este punto se debió abrir el debate inducido por el “¿usted qué haría?” presidencial. En lugar de ello, la sociedad salió a las calles a exigir la derogación del aumento a las gasolinas, lo que llevaría a un gran recorte presupuestal que llevaría el PIB a tasas negativas. Otro sector fue más pragmático: asaltar tiendas para robar productos.
Lo que extraña es que los partidos políticos con representación en el Congreso hayan reaccionado con la misma superficialidad. A ellos les corresponde abrir el debate nacional institucional para analizar el agotamiento de la vieja política de gasto-ingreso. El punto central radica en la búsqueda de una nueva política de ingresos gubernamentales.
La oposición al PRI se ha olvidado de que su función no es solo protestar en medios o las calles sino debatir alternativas. El PAN y el PRD en gobiernos federal o estatales se olvidaron de crear opciones al financiamiento del desarrollo y gastaron más sin ampliar los ingresos.
Las dos tareas nacionales para estabilizar el presupuesto son sencillas: reorganizar el gasto del gobierno para evitar corruptelas y desvíos y encontrar nuevos ingresos gubernamentales.
La sociedad política debe debatir qué hacer para evitar alzas de precios públicos y no desgañitarse con insultos, memes, marchas o rapiñas.