Ley de Seguridad Interior: un acercamiento

En un intento por optimizar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado que desde hace varios lustros mantienen al país en una de las más violentas etapas de su historia moderna, el Congreso de la Unión puso en la palestra legislativa varias iniciativas que buscan darle sustento jurídico a las tareas de seguridad pública que desarrollan las Fuerzas Armadas con la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Interior, lo que desata voces encontradas en los ámbitos político y social sobre la viabilidad de que organismos castrenses suplan actividades específicas de las policías federal, estatal y municipal.

Mientras la ola delincuencial no cesa a lo largo y ancho del país, esta posibilidad de normar las actividades de la milicia se topa hoy con diversas posiciones entre expertos, juristas, partidos políticos, secretarios de Estado, así como organismos nacionales e internacionales.

Por el momento son dos las iniciativas que debate ya el Poder Legislativo: una la impulsan el coordinador de los diputados federales del PRI, César Camacho Quiroz y otros legisladores; la otra, el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth y otros congresistas, pero ambas buscan regular las actividades de marinos y soldados en tareas de seguridad pública.

El principal argumento para mantener al Ejército y la Marina realizando tareas de seguridad pública, a decir de expertos, “radica en que nuestras corporaciones policiales no están preparadas, son corruptas, no son confiables y tampoco están correctamente capacitadas para los retos actuales en seguridad; por esa razón se echa mano de una institución que se presenta más capaz y más confiable”.

Situación

En su más reciente informe (2016) el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) señala que “continuamos preocupados por los altos índices de delincuencia y violencia, así como por la falta de acciones en el corto plazo y de una estrategia de largo plazo que logre mejorar las condiciones de seguridad en las que se encuentra el país. Lamentablemente, esta preocupación ha permanecido como una constante a pesar de que ha transcurrido más de una década de debates, durante la cual las autoridades han tenido la oportunidad de actuar efectivamente frente a la crisis de seguridad humana… y no lo han hecho”.

Para sustentar esta declaración, el documento expone algunos datos. Si comparamos, por ejemplo, los primeros once meses de 2015 contra los de 2016 se puede identificar un aumento de las tasas por cada 100 mil habitantes de 21% en homicidio doloso, 5% en secuestro, 4% en robo a negocio y 4% en violaciones, plantea el ONC.

Dada esta situación, la variada gama de instituciones policiacas que existen en México no ha logrado frenar las estadísticas sobre los diversos ilícitos que han puesto en jaque la estabilidad social, lo que origina que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a combatir a grupos criminales organizados.

Propuestas

Así, los dictámenes de Ley de Seguridad Interior en términos generales buscan proveer de un marco legal a algo que ya venía sucediendo desde la administración pasada: fuerzas militares haciendo tareas de policía, lo que ha costado muchas vidas humanas entre las filas de la milicia en los más recientes dos lustros.

“La regulación de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior no pretende militarizar al país, diluir la rendición de cuentas de sus acciones o crear incentivos para evadir responsabilidades locales en la integración de cuerpos policiales confiables, profesionales, equipados y bien pagados”, afirma Roberto Gil Zuarth.

Dice que las Fuerzas Armadas deben tener un marco de actuación definido en la ley, ya que hoy su despliegue es absolutamente discrecional. La iniciativa, explica, “no amplía los marcos de actuación de las Fuerzas Armadas, ni cambia los objetivos de su intervención; no amplía los supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas; no causa que las autoridades civiles queden subordinadas a autoridades militares; no amplía las facultades constitucionales de las Fuerzas Armadas, ni faculta a los militares a intervenir de manera permanente en una zona”.

Gil Zuarth precisa que la discusión razonable sobre lo que puede y lo que no debe hacer una institución como las Fuerzas Armadas no se resolverá con base en estigmatizarlas. “Querer o pretender estigmatizar a las Fuerzas Armadas como traidores a la patria o como violadores sistemáticos de los derechos humanos es un despropósito; pero también un muy mal punto de partida para encontrar una razonable política que defina y decida sus márgenes de actuación”, afirma el senador.

César Camacho, por su parte, adelanta que crear la Ley de Seguridad Interior permitirá “que la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado” se realice a través de una declaratoria deProtección a la Seguridad Interior que “especifique las acciones que estarán a cargo de soldados y marinos y el tiempo en que actuarán”.

Advierte que bajo el contenido de esta propuesta legislativa “el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales o a petición de las legislaturas de las entidades federativas o de los gobernadores, podrá ordenar la implementación ‘gradual’ de acciones de seguridad interior”.

Camacho justifica el actuar de los soldados y marinos bajo la propuesta legislativa: “La intervención de las Fuerzas Armadas solo se concretará cuando haya actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la Federación, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional o en alguna de sus partes integrantes, o cuando haya fenómenos de origen natural o antropogénico”.

Puntos de vista

Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, advierte que la expedición de una Ley de Seguridad Interior es en extremo riesgosa “no solo por ser inconstitucional, sino además por el grave peligro en el que pondría el respeto de los derechos humanos en México”.

La evidencia empírica, puntualiza, “demuestra el aumento a las violaciones de derechos humanos a partir de la participación del Ejército en tareas de seguridad; y la situación empeorará porque las iniciativas de ley en la materia no generan incentivos para su retiro progresivo o el fortalecimiento de las autoridades civiles”.

Alejandro Madrazo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, plantea por su parte tres preguntas al Congreso de la Unión para la elaboración de una Ley de Seguridad Interior: “¿Es buena política pública utilizar a las Fuerzas Armadas para las tareas de seguridad pública? ¿Es constitucional emitir una ley en la materia? ¿Son las iniciativas presentadas las adecuadas?”

Y añade Madrazo: “Las propuestas que se pretende dictaminar son de dudosa constitucionalidad; son peligrosamente laxas en sus definiciones; no acotan ni regulan la participación del Ejército y la Marina, sino que dan un ‘cheque en blanco’ en su actuar, y se ha demostrado que su despliegue aumenta considerablemente la violencia en los municipios donde actúa”.

El ex procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, dice a su vez que esta legislación no dotará de facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas ni suplirá las responsabilidades que tienen las policías, sino que clarifica competencias y potencia capacidades ante la situación de inseguridad que atraviesa nuestro país.

“No se trata de un ‘cheque en blanco’ sino de regular cómo, subsidiariamente, los militares apoyarán a las autoridades civiles en el combate a la delincuencia”, plantea Cabeza de Vaca.

El coordinador general de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rubén Pérez, manifiesta en tanto que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones de carácter civil y las Fuerzas Armadas tienen que volver a las funciones que les son propias.

“El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública no debe asumirse como algo permanente ni promoverse así; además, la discusión sobre este marco normativo resulta relevante, pero no implica por sí misma la solución a la inseguridad y violencia que nuestro país enfrenta”, advierte Pérez.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, considera necesaria una ley que defina y regule la seguridad interior.

“El Estado mexicano tiene dos opciones: mantener la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública como hasta ahora, o emitir, discutir y aprobar un marco legal que dé seguridad a la ciudadanos y certeza jurídica en su actuación al Ejército en las actividades que realiza, previa solicitud de las autoridades civiles”, define Campa.

La última palabra la tendrán las cámaras de Diputados y de Senadores para contextualizar el problema del crimen organizado que México enfrenta y legislar o no sobre la necesidad de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.