El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, encabezó este día el reconocimiento de inocencia y disculpa pública hacia las mujeres indígenas de la etnia hñáhñú Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron detenidas y sentenciadas por el delito de secuestro.
Cervantes Andrade afirmó que si bien es cierto que este acto se apega estrictamente a lo determinado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, también lo es que la razón que lo motiva es el firme compromiso de acatar de forma cabal el Artículo primero, párrafo tres de la Constitución.
Recordó que dicho precepto obliga a todas las autoridades del Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia y progresividad; y en consecuencia prevenir, investigar, sancionar, y ante todo reparar las violaciones a las garantías fundamentales.
En una ceremonia que tuvo traducción al hñáhñú, el funcionario agregó que la PGR se compromete a garantizar que hechos como los que se imputaron a las tres mujeres no vuelvan a repetirse, con medidas como el diseño de una nueva arquitectura institucional al interior de la PGR, que aseguren una justicia incluyente y efectiva.
Comentó que a pesar de que no se pudo comprobar la participación de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González en los delitos que se les imputaron, se determinó su culpabilidad y fueron privadas de sus libertad “durante un tiempo que ningún acto público podrá regresarles; y posteriormente les fue negada por parte de la PGR una indemnización por el daño causado”.
Cervantes Andrade reconoció también la labor que cada día realizan las personas defensoras de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, e instituciones públicas nacionales e internacionales para proteger los bienes esenciales que garanticen una vida digna, libre de violencia y discriminación.
El procurador mencionó que las tres mujeres indígenas, al exigir lo que por justicia les corresponde, dieron un mensaje de verdadera democracia al país y movilizaron al Estado hacia su verdadera función, cumplir con lo que manda la Constitución mexicana.
“Sus casos rebasaron la esfera personal, por tratarse de bienes, que, como Estado democrático constitucional, nos interesa conservar, como es el debido proceso”, añadió el funcionario, quien mencionó que la PGR contravino en el pasado el principio de presunción de inocencia en agravio suyo, interfiriendo injustamente en su proyecto de vida.