Odebrecht financió la campaña electoral de Ollanta Humala

Apoyó con tres millones de dólares la campaña electoral del ex presidente peruano en las presidenciales de 2011

Redacción
Política
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Presidencia Perú

Odebrecht, la constructora brasileña, financió con tres millones de dólares la campaña electoral del ex presidente peruano Ollanta Humala en las presidenciales de 2011 que ganó, de acuerdo con la confesión que hizo en enero el ex director de esa empresa en Perú Jorge Barata a fiscales peruanos y que se publicó este jueves en la prensa local.

Las donaciones se hicieron a petición del Partido de los Trabajadores de Brasil, del ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y algunas fueron entregadas personalmente a la esposa de Humala, Nadine Heredia, según las declaraciones de Barata difundidas por el diario El Comercio y el semanario Caretas.

La Fiscalía peruana investiga a Humala y a Heredia, ambos líderes del Partido Nacionalista Peruano (PNP), por lavado de activos al supuestamente haber gestionado una financiación ilegal de su formación política durante las campañas electorales para las presidenciales de 2006 y 2011.

Barata, quien se acogió en Brasil a la figura de la delación premiada para colaborar con las investigaciones a cambio de suavizar una futura condena, confesó a un grupo de fiscales peruanos que inicialmente entregó a Heredia un millón de dólares en una vivienda que Humala tiene en Lima.

Después la esposa de Humala lo llamó para pedirle más aportes, que se tramitaron mediante remesas procedentes de Brasil a las oficinas de Odebrecht en Lima, mientras que otras cantidades similares eran entregadas a los publicistas brasileños Luis Favre y Valdemir Garreta para que las llevaran hasta Perú.

Según Barata, las donaciones cesaron en el primer semestre de 2011, una vez que Humala se proclamó como presidente electo de Perú.

Durante el periodo presidencial de Humala, el gobierno peruano adjudicó a Odebrecht millonarias obras públicas como el Gasoducto Sur Peruano, cuya concesión fue devuelta al Estado después de que la compañía no pudiera garantizar la financiación íntegra del proyecto ni tampoco vender sus acciones.