Desde hace décadas, para el ámbito de las Ciencias Sociales y en la práctica política de nuestro país valorar el factor de estabilización que significan las Fuerzas Armadas —quizá por obvio— no ha merecido la atención y estudio suficientes: hoy es sorprendente cómo desde posiciones y visiones sustentadas en la descalificación, sin aportar un solo dato consistente, se formulan consignas —que no razonamientos ni argumentos— para abordar la problemática de la institución y sus integrantes.
Ya sea por el debate de la improbable Ley de Seguridad Interior, por la operación de la Armada de México en Tepic o por el discurso del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, el pasado domingo 19 con motivo del Día del Ejército, las visiones con base en prejuicios intentan generar un ambiente donde lo último relevante es aportar visiones críticas y constructivas en momentos que, sin exagerar, se encuentra en juego el presente del país.
El debilitamiento de las instituciones, como objetivo deliberado, oculta las posiciones analíticas que pretenden proponer opciones. Es decir, las descalificaciones generalizadas impiden conocer, tener la disposición e incluso corregir cuando se incurre en evidentes errores de apreciación.
Desde luego que todas las instituciones merecen observaciones, pero con base en el estudio, en la comparación de cada caso, analizando su trayectoria, ajustes y cambios para así obtener posiciones sustentadas. De otra manera el ataque sistemático, en este caso a las Fuerzas Armadas de México, en un ambiente geopolítico que casi es hostil hacia el país y su población, no sirve a los verdaderos objetivos para mejorar la situación de México. La fascinación que ejerce la visibilidad mediática para algunos opinadores y comentaristas en un insano torneo de diatribas; ni siquiera a ellos les resulta de utilidad, puesto que quien descalifica, se descalifica.
Insisto: la crítica es indispensable en la democracia, pero con sustento y argumentada de manera articulada.
Urgencia
La indispensable Ley de Seguridad Nacional, por ejemplo, pretende asignar claras e inexcusables responsabilidades a las autoridades civiles en materia de seguridad pública y reservar como último recurso, y no primero como hasta ahora, el acudir a las Fuerzas Armadas.
Continuar bajo esa dinámica por más años solo terminará por profundizar la distancia que hay entre la ciudadanía y las fundamentales corporaciones policiales locales y estatales, principalmente. Los objetivos de una Ley de Seguridad Interior para el país conducen entonces, y esto no se ha visto ni dicho, a fortalecer al municipio y por tanto al federalismo. Este argumento no ha sido ni de lejos citado por alguno de esos comentaristas fincados en la descalificación.
Si se lee y estudian las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión, ninguna plantea garantizar la preponderancia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Y de nueva cuenta al abordar el asunto de los derechos humanos, donde los avances de parte de las Fuerzas Armadas han sido reconocidos incluso por la misma Comisión Nacional, se persiste en una inexplicable generalización a partir de casos aislados y algunos de ellos resueltos sin impugnaciones. Nadie avala abusos y arbitrariedades. Estas se investigan y sancionan, cuando es el caso.
Allí están los datos para quienes deseen tomar en serio el estudio y análisis de las Fuerzas Armadas y su fundamental papel en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de la democracia.