Las deportaciones masivas de migrantes ilegales realizadas por Barack Obama y ahora por Donald Trump implican una responsabilidad directa del modelo de desarrollo mexicano: cuando menos once millones de mexicanos se fueron a Estados Unidos en busca del empleo, el bienestar y las expectativas que no encontraban en México.
Lo más grave del asunto radica en el hecho de que el modelo de desarrollo mexicano carece de capacidad laboral, social y de bienestar para recibirlos de regreso. Ello ha agregado un poco de dramatismo social al conflicto: la política exterior mexicana está haciendo esfuerzos consulares y legales para que esos migrantes ilegales se queden en EU porque aquí, en México, no tienen cabida.
En este sentido, el problema de los migrantes deportados desde EU a México debe analizarse en su verdadera dimensión: ellos escogieron irse del país porque aquí sobraban.
El modelo de desarrollo mexicano de 1970 a la fecha no alcanza para todos. En términos estrictos, de acuerdo con cifras del Coneval, solo 20% de los mexicanos vive en condiciones de no pobreza ni marginación; es decir, el modelo de desarrollo apenas alcanza para ese 20 por ciento.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue vendido por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1993 como el despegue del bienestar para todos, pero solo ha dado una tasa anual de crecimiento económico de 2.2%, contra una meta mínima de 6% que se necesita para dotar de empleo formal al millón de nuevos mexicanos que cada año se incorpora a la Población Económicamente Activa. En términos consolidados, el TLCAN apenas ha satisfecho la necesidad de empleo para un tercio de los mexicanos.
Sensibilidad
Ahí se localiza el verdadero escenario de debate nacional sobre el tratado, Trump y las deportaciones. Y ahí se percibe la frialdad de las autoridades mexicanas que no quieren de regreso a los once millones de mexicanos que se fueron porque no hay capacidad para dotarlos de bienestar y expectativas. Y por eso precisamente los migrantes ilegales se niegan a regresar a un país que los había expulsado por no tener capacidad para darles empleo.
La crisis con los migrantes mexicanos y las deportaciones son una extraordinaria oportunidad para debatir el rumbo de Mexico. La ofensiva antimexicana de Trump y su decisión de reventar el TLCAN deben obligar a las autoridades a replantear el modelo de desarrollo basado en la integración productiva descuidando la aportación nacional a las mercancías del tratado.
El modelo de desarrollo actual no alcanza para todos. Y a pesar de esos resultados sociales, las élites gobernantes —funcionarios y oposición— han carecido de sensibilidad social para reflexionar sobre los saldos negativos y para construir un nuevo modelo de desarrollo que regrese la centralidad de la economía al bienestar social y no a la funcionalidad del mercado.
Los debates sobre el fracaso gubernamental de los últimos sexenios se sustentan en críticas a la disfuncionalidad democrática, no al aumento de la desigualdad social ni la dramática cifra de 80% de mexicanos con problemas de bienestar y solo 20% con sus necesidades resueltas. Y el problema de las deportaciones estadunidenses se desvía a asuntos consulares y de visas especiales, y no al reconocimiento de que el modelo de desarrollo mexicano 1970-2017 ha fracasado.
Es decir, el debate migratorio debe comenzar por analizar por qué se fueron los migrantes.