Son tiempos de promesas. Andrés Manuel López Obrador, ya en campaña para la Presidencia, afirma que en su gobierno duplicará las pensiones de los adultos mayores y garantizará empleo o escuela para todos los jóvenes. En el Estado de México el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, ha prometido regalar un “sueldo rosa” de mil 200 pesos bimestrales a todas las amas de casa.
Una de las características de estas promesas es que quienes las ofrecen no dicen de dónde sacarán los recursos o sus cifras simplemente no cuadran.
López Obrador, por ejemplo, ha dicho que obtendrá recursos de reducir los sueldos de los altos funcionarios del gobierno. Pero todos los sueldos de funcionarios, de director a presidente de la República, apenas llegan a cinco mil millones de pesos al año: nada en comparación con los cientos de miles de millones de pesos anuales que se requerirían para cumplir las promesas electorales.
Los mexicanos hemos pasado de un sistema de partido virtualmente único, en el que lo que menos importaba era el voto de los ciudadanos, a una democracia abierta en la que los políticos están dispuestos a decir o hacer lo que sea a cambio de los votos. Lo que no tenemos todavía es un sistema que señale realmente los costos de cada promesa y que obligue a los candidatos a aclarar de dónde saldrán los recursos.
La verdad es que no será fácil incrementar el gasto público. “México no es un país que tenga mucho espacio para expansiones fiscales, simplemente porque tenemos una base tributaria baja y eso no da mucho lugar para aumentos desproporcionados en el gasto”, dijo este 5 de abril el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Nuestro gasto público, por otra parte, está mal utilizado. Los gobiernos lo emplean cada vez más para repartir recursos en programas sociales, que son muy eficaces para comprar votos, pero que no establecen las bases para un desarrollo que reduzca la pobreza.
En otros países, el gasto gubernamental mejora la productividad general o reduce la desigualdad. En México el gasto público disminuye la prosperidad y aumenta la desigualdad. Los subsidios no solo son malos, sino que además generan oportunidades de corrupción.
Este sistema de subsidios de México no puede desmantelarse tan fácilmente. La mayor parte del gasto está atado por ley. Para modificar la forma en que se ejerce habría que cambiar la legislación. Pero muchos grupos políticos se benefician de los subsidios y harán todo lo posible para no permitir cambios.
Aprendiendo
La única manera en que se puede aumentar el gasto como lo prometen los políticos sería incrementar la recaudación. Esto solo puede lograrse con un aumento de impuestos. Sin embargo a los políticos les gusta prometer nuevo gasto, para comprar votos, pero no nuevos impuestos, que tienen un costo político.
En México estamos aprendiendo apenas a vivir en democracia. El simple hecho de que podamos escoger a nuestros gobernantes —aunque del precario menú que nos presentan los partidos políticos— es un avance enorme sobre lo que teníamos en los tiempos en que el partido en el poder escogía a gobernantes y legisladores.
Pero nuestros políticos, en su afán por conquistar los cargos de elección popular, están dispuestos a prometer lo que sea. Ahora tendremos que aprender a exigir también que cada promesa aclare el costo y la forma de obtener los recursos para cumplirla.