Aprueban que Segob extienda a municipios alerta de violencia

La intención de la alerta es proteger a las mujeres de la violación de sus derechos humanos, en el ámbito público y privado

Norberto Vázquez
Nacional
Cynthia García
Foto: Cámara de Diputados.

Con la finalidad de fortalecer su andamiaje jurídico el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) avaló una reforma legal para establecer la obligación de la Secretaría de Gobernación (Segob) de extender al ámbito municipal la declaración de alerta de violencia de género.

“La reforma aprobada al artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habrá de contribuir a una mejor y más pronta atención de las víctimas de violencia de género, así como a una más efectiva persecución y castigo de los que cometen esa despreciable forma de violencia”, manifestó.

A nombre del PES que coordina el diputado Alejandro González Murillo, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes dijo que salvaguardar los derechos de las mujeres es una tarea ardua, pero necesaria si queremos materializar el viejo anhelo de igualdad económica, política y social de todos los mexicanos, con independencia de su género.

En ese sentido la legisladora federal de Baja California aseguró que con la obligación de la Segob de ampliar al ámbito municipal la alerta de violencia de género, se fortalecerá el pacto federal y se hará cumplir el mandato de seguir escrupulosamente la normatividad que, para tal efecto, establece el propio reglamento de la Ley.

Durante su participación en tribuna, García Soberanes expresó que la importancia de la alerta de violencia de género radica en el hecho que constituye el conjunto de acciones gubernamentales y de emergencia, para enfrentar y erradicar la violencia de género, incluso los feminicidios, que es la forma más extrema de violencia de género, ejercida por individuos o comunidades, en un territorio determinado.

Recalcó que la intención, primera y última de la alerta, es proteger a las mujeres de la violación de sus derechos humanos, en el ámbito público y privado, mediante el señalamiento, persecución y sanción de conductas misóginas, con la clara y única intención de erradicar la impunidad social y de Estado.