La Cámara de Diputados aprobó en lo general por 417 votos la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como reformas a diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica, y de la Ley de Extradición Internacional.
El diputado Armando Luna Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y quien fundamentó el dictamen, precisó que con la reforma se crea el Mecanismo Nacional de Prevención y pone en marcha el Programa Nacional de Trabajo Interinstitucional, además de que se establecen mayores candados y controles para evitar la eventual comisión de este delito.
“La fórmula de esta política nacional es muy sencilla: Todos los poderes, todos los órganos de gobierno y organismos de protección de derechos humanos con un solo objetivo, que es combatir, erradicar la deleznable práctica de la tortura en nuestro país”, señaló.
Destacó que, de acuerdo con la Encuesta de Percepción sobre la Práctica de Tortura, elaborada en 2015 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 30% de los entrevistados coinciden en que la tortura es aceptable y necesaria para obtener información oportuna que permita proteger a la población en riesgo inminente.
Otro 31%, agregó, no está ni a favor ni en contra, y el 29% restante señala no estar de acuerdo, pero dentro de este grupo solamente un 5% dice estar completamente en desacuerdo con la tortura.
“Similar resultado arroja el estudio de Amnistía Internacional, donde el 36% de los encuestados considera que la tortura en ocasiones es aceptable y necesaria para proteger a la ciudadanía”, lamentó el legislador.
Al fijar la postura del PES, la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola aseguró que entre los aciertos de la nueva ley está la definición del delito de tortura conforme a los más altos estándares internacionales.
“Ordena que sea investigada y perseguida de oficio, prevé que se castigue con una pena de 10 a 20 años de prisión; podrá aumentar la mitad cuando las víctimas sean menores, adolescentes, adultos mayores, indígenas, migrantes, periodistas, o personas en condición de vulnerabilidad. No podrá otorgarse indulto, amnistía o inmunidad al torturador, y el delito será imprescriptible”.
De Nueva Alianza, la diputada Karina Sánchez Ruiz explicó que este nuevo marco legal prevé medidas específicas para la atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garanticen los derechos de las víctimas; todo ello bajo los principios de dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no revictimización, perspectiva de género, transparencia, y acceso a la información pública.
“Es de reconocer que con esta ley, la investigación y persecución del delito de tortura se llevará de oficio; tanto la acción como la sanción serán imprescriptibles, con el objeto de evitar que los años desdibujen la comisión del delito y que éste siga quedando en la impunidad”, destacó.
Por el Partido Verde, la diputada Lia Limón García puntualizó que esta ley incluye los estándares internacionales más altos como los de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo de Estambul y la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“Se establece la imprescriptibilidad de este delito a fin de evitar la impunidad, se crean además fiscalías especializadas en la investigación de este delito tanto en el ámbito local como a nivel federal”, detalló.