Por José Antonio Caporal
Al igual que en 2003 y 2008, el Instituto Federal Electoral (IFE) atraviesa por un momento delicado como producto de la confrontación que mantienen los partidos políticos, que ya se alistan para influir en la designación de la vacante que dejó el consejero Sergio García Ramírez al renunciar al cargo, así como en aquellas que dejarán los tres consejeros que, por ley, concluyen su responsabilidad en octubre próximo, e incluso en la posición de consejero presidente, toda vez que el actual, Leonardo Valdés Zurita, ya anunció que no buscará la reelección.
La salida de García Ramírez provocó que las fuerzas políticas planteen la posibilidad de que la Cámara de Diputados inicie el proceso para la sustitución anticipada de las cinco posiciones del Consejo General del organismo.
Algunos consideran que, incluso, sería deseable que ya se separe del cargo Leonardo Valdés Zurita quien, por su parte, ya dejó en claro su decisión de que concluirá el periodo para el cual fue designado.
Asimismo, vuelve la preocupación de la ciudadanía de que la futura composición del Consejo General del instituto pueda ser producto del reparto de “cuotas” partidistas.
LVZ vs. PRD
Las resoluciones del órgano electoral sobre el llamado caso Monex le atrajeron una serie de reproches y cuestionamientos por parte de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), en el sentido de que los consejeros electorales beneficiaban, con sus decisiones, a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista (PVEM).
Las críticas contra el trabajo de la autoridad electoral aumentaron cuando la Unidad de Fiscalización del instituto resolvió multar a los partidos de izquierda por, supuestamente, haber rebasado los topes de gasto en la pasada campaña presidencial.
Si bien el Consejo General del instituto determinó devolver el dictamen de la multa a su Unidad de Fiscalización, para que esta aclare sus resoluciones (lo cual hará en julio próximo), el partido del sol azteca no detuvo los ataques contra Valdés Zurita y otros funcionarios.
Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, sostuvo que el consejero presidente del IFE le “haría un bien” a esta institución si se fuera antes de que concluya su gestión y “no tener que esperarse” hasta octubre, mes en el que concluye su encargo.
Insistió Zambrano: “Creo que le ayudaría al prestigio del instituto si se fuera antes”.
Además, dijo que por congruencia también debiera renunciar el titular de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas, pues a su juicio quedó en evidencia que este funcionario efectuó un mal trabajo al pretender sancionar a su partido.
En este contexto, Sergio García Ramírez presentó su renuncia y no pocos legisladores daban por hecho que se presentaba una oportunidad para adelantar el proceso de selección de los sustitutos de los consejeros Alfredo Figueroa, Francisco Guerrero y Macarita Elizondo, que concluyen su responsabilidad en octubre de este año.
Así, el partido del sol azteca vio también la oportunidad de impedir, desde ahora, la reelección de Leonardo Valdés Zurita al frente del instituto.
Silvano Aureoles, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, expresó que “no sería sano” para la democracia la permanencia del consejero presidente y anticipó que la bancada perredista “se opondrá a la reelección”.
De igual manera, el coordinador perredista en San Lázaro le dijo al consejero presidente que debería ser el primero en “tener dignidad y retirarse”.
Leonardo Valdés Zurita respondió a Zambrano y Aureoles a través de cartas enviadas a cada uno, mismas que el funcionario publicó en su cuenta de Twitter. La primera fue dirigida a Silvano Aureoles, a quien Valdés Zurita escribió: “Justo porque tengo dignidad, respondo por este medio a su declaración. Es mi convicción que la autonomía del instituto es uno de los principales elementos de nuestra compleja transición democrática y de la estabilidad política de nuestro país. Declaraciones como la suya, absolutamente carentes de fundamento, vulneran esa autonomía y ponen en cuestión la función estatal que cumple el Instituto Federal Electoral”.
Valdés remató la misiva para Aureoles señalando que “para su tranquilidad, le comunico que he decidido no presentarme a la posible reelección del cargo que con dignidad ahora ocupo. Lo he decidido, entre otras razones, porque no puedo aceptar someter la evaluación de mi desempeño ante personas tan faltas de objetividad como la que usted muestra en la declaración que origina esta comunicación”.
Por otra parte, en la carta de cuatro cuartillas dirigida a Jesús Zambrano, el consejero presidente le dijo que la sugerencia de que se separe anticipadamente de su cargo, le parece que además de “desafortunada”, es “irresponsable”.
Valdés Zurita también le señaló al dirigente perredista que “es absolutamente inaceptable que se pretenda destituir (o sugerir el retiro anticipado) a algún miembro del Consejo General, cuando no se está de acuerdo con su posición, sea esta mayoritaria o minoritaria”.
Le recordó que fue electo con dos tercios de los diputados, a propuesta de la Junta de Coordinación Política de la pasada LXI Legislatura, y que está seguro de que los integrantes de ese órgano colegiado lo propusieron por su “compromiso con la certeza, la legalidad, la objetividad, la independencia y, sobre todo, la imparcialidad”; principios, añadió el funcionario, que han “gobernado” su conducta en los pasados cinco años.
Valdés concluyó la carta a Zambrano escribiéndole: “Dicen que, en política, lo que parece, es. Su invitación a separarme con anticipación de mi encargo parece ser producto de la escasa efectividad de sus presiones para intentar modificar mi criterio en el asunto del dictamen del origen y el gasto de los recursos de los partidos”.
Zambrano respondió a Valdés Zurita a través de declaraciones a la prensa: “El presidente del Instituto Federal Electoral debe pugnar porque las resoluciones del órgano que encabeza busquen y alcancen la verdad material o histórica de los hechos que sean su materia, y debe ser adversario de que a través de resoluciones del mismo se constituya solamente una verdad formal alejada de la realidad y de lo que en verdad haya ocurrido”.
Y luego de señalar que el consejero presidente “se revela como un enamorado de las verdades formales, aunque estas se aparten de la verdad real”, el dirigente perredista sostuvo que es evidente que Leonardo Valdés trata de constituir un debate público con el perredismo, con el propósito de quedar bien con el Poder Ejecutivo federal, “volviéndose un férreo defensor de la escrupulosidad del manejo de dinero que hizo el PRI en su pasada campaña”.
Zambrano dijo que, con lo anterior, Valdés intenta “tener listo un escenario con dos posibilidades: una, que la mayoría priista en la Cámara de Diputados lo ratifique como consejero presidente del instituto; o que al concluir su periodo, el gobierno federal actual lo incorpore a un espacio de la administración pública”.
Ante esto, agregó el perredista, “resulta obvio que la certeza, legalidad, objetividad, independencia e imparcialidad en el comportamiento del presidente del instituto se encuentra afectada”.
Relevo adelantado
Algunos consejeros electorales desecharon la idea de un relevo anticipado en el instituto.
Lorenzo Córdova, por ejemplo, indicó que las “renovaciones anticipadas de los órganos no son la mejor de las soluciones”, además de que “hay decisiones que no pueden volverse monedas de cambio”, toda vez que la situación que se busca enfrentar puede “agravarse”.
A su vez, Marco Antonio Baños señaló que las recientes resoluciones del instituto, como las que tienen que ver con el establecimiento de multas, han dado origen a que algunos personajes emitan opiniones críticas sobre el organismo, las cuales respetan, “aunque no coincidimos con ellas”.
Y sobre la situación por la que atraviesa el órgano electoral, Baños declaró: “Debemos buscar el fortalecimiento del IFE y no su debilitamiento. Hay que consolidar un esquema claro, que evite la partidización del organismo, pues son los partidos y algunas opiniones en los medios de comunicación lo que ha descontextualizado las decisiones del instituto”.
En tanto, Francisco Guerrero sostuvo que, en todo caso, lo importante en este momento es que los legisladores designen al sustituto de García Ramírez para ahuyentar al “fantasma de los empates”, toda vez que con su renuncia, efectiva al 8 de febrero, el Consejo General tiene ocho integrantes.
Guerrero también consideró que se debe cuidar al organismo “porque no es una institución de los partidos o los legisladores, sino de la sociedad”.
Pero en la Cámara de Diputados —la cual tiene la facultad de designar a los consejeros electorales— la idea del relevo adelantado está vigente.
El coordinador del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones Rivera, ya se pronunció por empatar la selección de los nuevos consejeros del IFE que concluyen su labor en octubre: “Lo más conveniente sería que empatáramos todo este procedimiento”, señaló.
Por lo pronto, el líder priista informó que los diputados federales de todas las fuerzas políticas se esmerarán para que pronto se tenga al consejero electoral que remplace a Sergio García Ramírez.
En tanto, Silvano Aureoles aseveró que es urgente reformar la ley para cambiar el método de elección y propuso que sea semejante a la manera en que se designan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Creo que debemos tomar algunos ejemplos, como el método de la SCJN, donde se presentan ternas, y que no tengamos aquí una larga lista de aspirantes, que a final de cuentas solamente complica la definición”.
El coordinador perredista en San Lázaro recordó que en el pasado la designación de consejeros se entrampó por el fenómeno del “cuotismo” o bien por la simpatía por un determinado personaje: “Entonces, mientras no encuentran un perfil que responda a intereses de los grupos o de los partidos, pues retrasa terriblemente la definición de quienes irán al Consejo General del instituto”.
Por lo pronto, el diputado perredista celebró que Leonardo Valdés Zurita haya decidido no buscar la reelección: “Es una gran noticia para el país, para la democracia en México, porque no es solamente opinión mía, sino que es una opinión generalizada, que las posturas de muchos consejeros, no todos, han estado poniendo en riesgo el prestigio del instituto”.
Participación de la sociedad
Nombrar a los consejeros electorales, incluido al presidente del órgano electoral, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, situación que es criticada por diversos organismos y actores de la sociedad.
Así, por ejemplo, el Comité Conciudadano y el Colectivo por la Transparencia, que agrupan a diversas organizaciones civiles y personalidades del ámbito académico, periodístico y social, han externado su posición sobre el proceso de selección de consejeros electorales.
Sostienen que les preocupa que en la selección de consejeros “se repitan los procedimientos opacos y discrecionales que han prevalecido en el pasado, como la adopción de acuerdos entre las principales fuerzas políticas para el establecimiento de cuotas; y la exclusión de algunos partidos en la toma de decisiones”.
Pero sobre todo es motivo de preocupación, sostienen las organizaciones sociales, el nombramiento de personas que no garantizan el carácter ciudadano que se requiere para el cargo; o bien que se designen candidatos sin experiencia en materia electoral y/o con evidentes vínculos con partidos políticos.
Peor aún, señalan, es la marginación de la ciudadanía o su inclusión simulada; y, sobre todo, la falta de transparencia en los procesos deliberativos que impide que la sociedad se entere de las razones y los criterios reales por cuales se toman las decisiones finales.
Les recuerdan a los legisladores que dichas prácticas antidemocráticas ya han tenido como consecuencia una afectación a la autonomía, a la ciudadanización, a la credibilidad, a la confianza y a la profesionalización del órgano electoral, y ha costado mucho trabajo tratar de revertirlas.
Por lo anterior, señalan las organizaciones ciudadanas, es indispensable que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados lleve a cabo un proceso de selección transparente, incluyente y abierto a la sociedad; así como también es importante que quienes toman los acuerdos y las decisiones rindan cuentas sobre ello.
Proceso legislativo
De nuevo, el Instituto Federal Electoral se encuentra en la mira de los partidos y la sociedad.
Los primeros, en busca de destituir desde ahora al consejero presidente y a los tres consejeros que concluyen en octubre próximo, así como también para incluir en el nombramiento de los futuros consejeros.
En cuanto a la sociedad, lo que busca es que el proceso de selección en la Cámara de Diputados sea transparente y se designe a las personas idóneas.
Por lo pronto, el pasado 13 de febrero la Junta de Coordinación Política, que preside Luis Alberto Villarreal García, envió a los grupos parlamentarios el anteproyecto de la convocatoria para cubrir la vacante que dejó Sergio García Ramírez, misma que podría definirse en abril próximo.
“Se ha establecido una propuesta de calendario para recibir propuestas, integrar los expedientes, entrevistar a los aspirantes y, en todo caso, aprobar la sustitución de la vacante generada por el ex consejero”, indicó el comunicado.
Agregó que la propuesta distribuida a los grupos parlamentarios establece como plazo el mes de marzo para comenzar con el registro de los candidatos.
El legislador explicó que ha habido propuestas también para definir las designaciones de los cuatro consejeros que concluyen su periodo en el mes de octubre. Sin embargo, señaló, lo importante ahora es no dejar un “espacio acéfalo” y que no haya empates en las resoluciones del instituto, lo cual podría generar “incertidumbre e inseguridad jurídica”.
Manifestó que será la comisión de Gobernación la que integre los expedientes respectivos, entreviste a candidatos y turne a la Junta de Coordinación Política los perfiles que considere aptos para el cargo, misma que enviará la propuesta al pleno para su votación.