Con la finalidad de clarificar los actos de injerencia y atribución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre los derechos de las audiencias, sin interferir en la libertad de expresión, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión.
Lo anterior con el propósito de que ese Instituto ejerza las facultades de vigilancia en materia de derechos de las audiencias y en su caso imponer sanciones a que se refiere el artículo 311 incisos b) y c) al concesionario al defensor de las audiencias.
Al hacer uso de la palabra en nombre del grupo parlamentario del PAN, el diputado Exaltación González Ceceña indicó que el pasado mes de diciembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó y emitió los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias.
“Dichos Lineamientos han sido objeto de numerosas críticas, no sólo del sector afectado, sino de actores que ven en estos lineamientos un exceso en las atribuciones que derivan de la Ley y de la Constitución y que a decir del Instituto les autoriza a atribuirse de facultades para proteger los derechos de las audiencias”, apuntó.
González Ceceña comentó que en ese sentido, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República interpusieron diversas controversias constitucionales bajo diversos argumentos, uno de ellos, se centra en que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorgó al Instituto la facultad de regular los derechos de la audiencias, pero la Constitución en su artículo 28 establece que corresponde al Instituto emitir disposiciones generales, siempre y cuando, sean exclusivamente de la función del Instituto en el sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones.
“Por ello, con las modificaciones que se plantean en el dictamen que se pone a discusión y a su disposición, se clarifican los supuestos bajo los cuáles el Instituto tendrá injerencia y atribución sobre los derechos de las audiencias y que se plasmarán en sus lineamientos, pero ello, sin cooptar la libertad de expresión”, aseguró el legislador
Se acepta que los códigos de ética se difundirán en el portal de Internet de cada concesionario y serán presentados al IFT para su inscripción en el Registro Público de Concesiones 15 días después de su emisión por parte del concesionario, regirán integralmente la actuación del defensor de la audiencia e incluirán los principios rectores que se compromete a respetar el concesionario ante la audiencia.
Además, se avala que los lineamientos que, en su caso emita el IFT deban garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertada de expresión, libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos.
Al hablar en pro del dictamen, el diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos dijo que Acción Nacional no será cómplice de atropellos a la ley como los que está realizando el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se está extralimitando en sus funciones.
En tribuna señaló que en un estado democrático se deben salvaguardar derechos fundamentales como la libertad de expresión.
El IFT, aseguró, intenta constituirse como un órgano autoritario y se autoproclama con facultades para sancionar la libre manifestación de ideas, incumpliendo con su objetivo de contribuir al desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, como lo establece la Constitución.
“El querer pretender que los mexicanos no somos más que meros receptores de información y no sujetos pensantes capaces de diferenciar información de opinión, no hace sino regresarnos una década atrás al sistema autoritario, donde todo lo regulaba hasta el pensamiento”, afirmó.
Cuanalo Santos acusó al IFT de querer asumir facultades que le corresponden al Poder Legislativo, al establecer que las audiencias tienen derecho a recibir información con oportunidad y con veracidad.
“Hoy México reclama acciones concretas que mejoren el actuar de nuestra vida pública, la libertad de pensar y publicar sin temor a las represalias de la autoridad”, finalizó.
El dictamen fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Se aprueba que son derechos de las audiencias:
*Recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.
*Que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Se entenderá que se transmite publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa, cuando un concesionario inserta dentro de su programación informativa un análisis o comentario editorial cuyo tiempo de transmisión ha sido contratado por un anunciante, sin que tal circunstancia se haga del conocimiento de la audiencia.
*En su Código de Ética, los concesionarios señalarán los elementos y prácticas que observarán para prevenir y evitar incurrir en la prohibición señalada.
*Los del artículo 251 relativo a los derechos de las audiencias con discapacidad.