Pierde apelación mexicano condenado a muerte

El connacional fue sentenciado por haber dado muerte a su esposa e hijo

Redacción
Política
Roberto Moreno Ramos
Foto: Courtesy Texas Department of Criminal Justice

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazó revisar una apelación interpuesta por los abogados del reo mexicano Roberto Moreno Ramos, sentenciado a la pena de muerte en Texas por el homicidio de su esposa y sus dos hijos en febrero de 1992.

El máximo tribunal judicial de ese país no emitió comentario al rechazar la apelación. El rechazo del recurso despeja el camino para que Texas proceda con la ejecución, aunque aún no se ha emitido fecha para ello.

Los abogados defensores de Moreno Ramos acudieron a la Suprema Corte buscando nuevo proceso para su cliente al argumentar que en su detención y juicio se le violaron sus derechos como extranjero al no haber recibido la asesoría y ayuda legal del gobierno de su país, garantizado bajo el tratado internacional de la Convención de Viena de 1963.

En julio de 2016 la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, rechazó dicho argumento al sostener que no existe ninguna obligación vinculante para los estados como Texas de acatar dicho tratado, aun cuando se tenga un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que certifica la violación de esos derechos.

Moreno Ramos, de 62 años de edad y originario de la comunidad de El Ciruelo, en el municipio de Pinotepa Nacional, en el estado mexicano de Oaxaca, fue sentenciado a la pena de muerte en marzo de 1993.

Un jurado de una corte del condado de Hidalgo, en el sur de Texas, lo declaró culpable y sentenció a la pena máxima por haber dado muerte con golpes de martillo a su esposa Leticia Ramos, de 42 años, a su hija Abigail de siete y a su hijo Jonathan de tres.

Los tres fueron asesinados a golpes y sus cuerpos fueron encontrados semanas después enterrados bajo el baño de la casa donde vivían.

De acuerdo con las autoridades, Moreno Ramos asesinó a su familia para casarse de nuevo tres días después de haber cometido los homicidios.