El robo de combustibles a través de la ordeña de ductos se ha convertido en una amenaza no solo económica sino también social y política. Es hoy, de hecho, un tema de seguridad nacional.
El pasado 3 de mayo se registró una verdadera rebelión en Palmarito Tochapan, en el municipio poblano de Quecholac, que se saldó con la muerte de once personas, entre ellas cuatro militares. La difusión, este 10 de mayo, de un video que muestra una aparente ejecución extrajudicial de un civil a manos de un militar puede tener consecuencias muy importantes en el largo plazo.
Todos estos problemas surgen de un hecho innegable. Durante demasiado tiempo el país ha sido omiso en el combate al robo de combustibles. En parte esto ha sido consecuencia de una legislación que no calificaba como delito grave el robo de combustible y hacía que quienes eran detenidos quedaran en libertad poco después.
También se ha derivado de que las autoridades locales y federales han tenido temor de enfrentarse con las bandas organizadas que se dedican al robo de combustible y que han obtenido el respaldo comunitario de varias poblaciones del llamado Triángulo Rojo de Puebla.
El robo de combustibles ha alcanzado un nivel tan dañino, que el gobierno no puede seguir desentendiéndose. Las leyes se han vuelto más duras y tanto las autoridades federales como las locales de Puebla se han comprometido a castigar con mayor severidad a los huachicoleros, como se les llama popularmente. Por esta razón también se han mandado miles de efectivos del Ejército a la zona de Puebla donde se registra la mayor parte de los robos y donde han surgido organizaciones criminales muy fuertes que se dedican a este delito.
Riesgos
La reforma energética busca incrementar la inversión privada en toda la infraestructura de la industria petrolera de nuestro país. La actividad que más se quiere promover es la producción de petróleo crudo, pero otro ramo importante es la construcción de nuevos ductos por parte de empresas privadas. El problema es que si el Estado no puede garantizar que los nuevos ductos no serán ordeñados por el crimen organizado, será muy difícil que se realicen las inversiones que se requieren para ampliar tanto como se necesita la red de ductos del país.
El Ejército, por otra parte, se enfrenta a un nuevo escándalo que puede afectar su reputación. La presunta ejecución extrajudicial de una persona a manos de un soldado es un golpe que se suma a los cuestionamientos por Tlatlaya y por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Este nuevo escándalo tiene lugar en un momento en que la iniciativa para una Ley de Seguridad Interior se encuentra en el limbo. Esto significa que el Ejército está teniendo que realizar trabajo como policía, con todos los riesgos que eso significa, sin contar con un marco legal que defina reglas o límites. Vale la pena señalar, sin embargo, que la ejecución de un detenido indefenso no es aceptable ni ahora ni en ningún otro marco jurídico.
Este miércoles 10 de mayo se llevó a cabo una reunión del gabinete de seguridad nacional para desarrollar una nueva estrategia en el combate del robo de combustibles. No deja de ser interesante que el tema haya llegado finalmente a la más alta reunión de funcionarios que tienen que ver con la seguridad nacional de nuestro país. Quizás el asunto debió haber estado siempre presente en ese foro. El gobierno federal no puede ya darse el lujo de esperar a que se disipe el problema. El tiempo no lo arreglará.