La agitación se mantiene en Venezuela, con más muertes, esta vez en Táchira, hacia donde el gobierno decidió enviar tropas militares, mientras Brasil advirtió del riesgo de un “efecto contagio” en la región ante la desestabilización que vive el país sudamericano.
Un adolescente identificado como José Francisco Guerrero, de 15 años, murió el miércoles tras ser baleado el martes durante los disturbios registrados en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, informó la agencia ANSA.
El Ministerio Público confirmó el fallecimiento del joven y de inmediato comisionó al Fiscal 16 de Táchira para investigar. Había sido operado anoche en el hospital Central donde falleció y sus familiares dijeron que no tomaba parte en las protestas, que simplemente pasaba por el lugar al momento de la balacera.
Horas después, el diario El Nacional habló de otra muerte más por impacto de bala, aunque de momento el dato no fue corroborado por las autoridades.
“Manuel Castellanos, de 30 años de edad, habría sido impactado por una bala de un fusil FAL, luego de que efectivos militares abrieran fuego contra manifestantes en Tucapé, municipio Cárdenas”, informó el periódico. El fallecido no participaba de las manifestaciones, señalaron sus allegados.
De confirmarse esa muerte, ascendería a 44 el número de víctimas fatales durante los 47 días de protestas contra el gobierno.
Sin embargo, fuentes oficiales dan una cifra mayor. Del 6 de abril al 16 de mayo, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), ente no gubernamental, registró “mil 208 manifestaciones en todo el país y 55 muertes documentadas”.
En su mayoría las víctimas eran jóvenes que participaban en protestas y que fueron alcanzados por las balas y la violencia como consecuencia de la represión por parte de integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y civiles armados, amparados por el Plan Zamora, indicó el reporte.
La organización no gubernamental exigió garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la manifestación pacífica.
Las autoridades venezolanas militarizaron hoy al estado Táchira, fronterizo con Colombia con la activación de la segunda fase del Plan Zamora. Lo hicieron —según sus argumentos— en un intento por frenar las protestas contra el gobierno.
“Ya he ordenado el traslado de dos mil guardias nacionales hacia esa entidad y trasladar también 600 tropas de operaciones especiales para cumplir con esta segunda fase del Plan Zamora”, exprresó Vladimir Padrino López, ministro de Defensa.
El Plan Zamora fue activado por Maduro a mediados del pasado mes de abril en coordinación con las fuerzas militares, para “garantizar el orden interno” y la paz a propósito de las protestas antigubernamentales.
El ministro sostuvo que la Fuerza Armada Nacional, a través de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ha salido a las calles con todos los “instrumentos estandarizados por las Naciones Unidas” para contener las alteraciones del orden público.
“No usamos armas de fuego letales, no hay fusiles, ametralladoras y además el presidente ha ordenado retirar un arma que se usa, las escopetas con munición plástica”, comentó.
Inestabilidad
Por su parte, el gobierno de Brasil indicó que observa con “preocupación” la crisis venezolana y el riesgo de que derive en un cuadro de “inestabilidad” regional, según palabra del ministro de Defensa, Raúl Jungmann. Si la situación se agrava puede haber más de dos millones de refugiados, estimó el funcionario. “En viajes que he realizado a México, a Colombia, he visto una preocupación ante la situación de Venezuela, porque el problema va más allá del plano regional, hay una preocupación global con la situación en Venezuela”, afirmó Jungmann.
Medicina de guerra
En tanto en Caracas, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana bloquearon el paso a decenas de médicos y pacientes que pretendían marchar hacia el Ministerio de Salud en el centro de Caracas.
La movilización pretendía denunciar una vez más el colapso del sistema de salud y la escasez de medicamentos que alcanza 95% y que obliga a los médicos hacer “medicina de guerra” en los hospitales públicos.
Al grito “no queremos bombas queremos medicinas” la marcha que partió desde el Hospital infantil J. M. de los Ríos, en San Bernardino al oeste de esta ciudad, fue frenada por contingentes de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Los uniformados bloquearon el paso a los manifestantes alegando que la marcha no podía seguir debido a una concentración chavista en el centro de Caracas y también por la presunta presencia de “grupos armados” en la zona.
En medio de la protesta Rosana Mejías, de 58 años se quejó porque no los dejaron avanzar y preguntó a los funcionarios si sus familiares no se enferman “o son enchufados y consiguen las medicinas”.
Daniel Bruce, médico residente de terapia intensiva del hospital Periférico de Catia, pidió a las autoridades sanitarias escuchar a los venezolanos que exigen el derecho a la salud que contempla la Constitución.
“La salud no se negocia, escuchen al personal de salud que está trabajando en los hospitales de guerra porque no hay ni una jeringa”, puntualizó.