El presidente Enrique Peña Nieto pidió un minuto de silencio este 17 de mayo en memoria del periodista sinaloense Javier Valdez, asesinado en Culiacán, durante una conferencia de prensa en Los Pinos. Algunas voces de los presentes, sin embargo, rompieron el silencio con gritos de “Justicia”, “Ya no más discursos”, “Ya no más ruedas de prensa”. No fue una protesta generalizada. Quizá tres de decenas de asistentes rompieron el silencio con gritos. Pero no es habitual ver protestas de ningún tipo en una rueda de prensa en la residencia presidencial.
No hay duda de que hemos visto muchos homicidios de periodistas en los últimos tiempos en nuestro país. En lo que va de este 2017, siete han sido ejecutados en México. Once corrieron la misma suerte en 2016, cuando la Federación Internacional de Periodistas nos consideró como el tercer país con mayor número de muertes de periodistas en el mundo.
Pero el problema no es el asesinato de periodistas sino la violencia que afecta a toda la sociedad mexicana. Siete periodistas asesinados en 2017 son muchos, por supuesto, pero en los tres primeros meses de este 2017 nuestro país registro cinco mil 775 homicidios dolosos de personas de todo tipo de ocupaciones. Los periodistas son apenas 0.1% del total. Esta cifra es similar a la del número de periodistas en la fuerza laboral. El problema de la violencia no se limita a los periodistas, aunque estos tienen una mayor capacidad para hacer ruido y emitir protestas. Por eso se les presta más atención.
Los periodistas protestan porque el gobierno no los protege más a ellos en particular, pero la verdad es que no tienen por qué contar con un trato especial en comparación con el resto de los ciudadanos. Por razones políticas, sin embargo, ese es el rumbo que están tomando las cosas.
Enfoque
El presidente Enrique Peña Nieto anunció el 17 de mayo tres medidas en respuesta al asesinato de periodistas: fortalecer la estructura y presupuestos dedicados al mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos; establecer un esquema de coordinación con los gobiernos de los estados y un protocolo de operación para reducir las situaciones de riesgo, y fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
Son en realidad medidas burocráticas. No van a tener ninguna consecuencia en el clima de violencia que impera en nuestro país y que afecta también a los periodistas. Se trata de una respuesta política a un problema político, más que de una nueva política de seguridad.
Es injusto atacar al presidente de la República o al gobierno por las muertes de periodistas. Ni el presidente ni ningún miembro de su equipo de trabajo están ordenando la muerte de estos profesionales. Lo que sí vemos es un fracaso de todos los niveles de gobierno para controlar un problema de violencia generalizado en la sociedad mexicana.
México está registrando tasas de homicidios dolosos de alrededor de 20 por cada 100 mil habitantes. Estamos lejos de las cifras más altas del mundo, como la de Honduras, que es cuatro veces mayor, con más de 80 por cada 100 mil; pero también nos encontramos muy por arriba del promedio internacional de seis homicidios por cada 100 mil habitantes.
El problema de fondo es, por supuesto, la violencia que vive nuestro país. No se trata de enfocarse nada más en un grupo pequeño de la población, los periodistas, sino en resolver el problema que afecta a buena parte de la población mexicana.