El escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, que asumió el pago de 35 millones de dólares en sobornos en Argentina, provocó una pelea política entre el presidente Mauricio Macri y su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner.
El gobierno argentino todavía no ha logrado un acuerdo con los directivos “arrepentidos” (es decir, que podrían confirmar la cadena de corrupción) de Odebrecht, firma que, según la justicia de Estados Unidos, pagó multimillonarios sobornos en 12 países.
En un principio, el escándalo manchó al kirchnerismo, ya que si efectivamente hubo pago de coimas fue para funcionarios del gobierno anterior, en particular al ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y al ex secretario de Transporte, Hugo Jaime.
Sin embargo, entre los empresarios vinculados con los sobornos están Ángelo Calcaterra, primo de Macri, y Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente que hoy dirige la Agencia Federal de Inteligencia y quien ya fue denunciado por uno de los “arrepentidos”.
Además, se comprobó que Odebrecht aportó medio millón de pesos argentinos (poco más de 31 mil dólares actuales) a la campaña presidencial de Macri en 2015.
El jueves pasado, Fernández de Kirchner intentó deslindarse del caso al advertir que es Macri, y no ella ni sus funcionarios, quienes deben explicar su relación con Odebrecht, pero no lo hacen “porque estamos en el país del disparate o del blindaje mediático” en favor del jefe de Estado.
La ex presidenta se refirió en particular a una millonaria obra ferroviaria que la empresa brasileña aún lleva a cabo en Buenos Aires y que según ella el gobierno debería cancelar.
El gobierno, por su parte, intentó un acuerdo con Odebrecht pero la negociación se frustró porque, para ayudar a la justicia argentina, la empresa pidió la garantía de sus obras en el país e impunidad judicial para sus directivos “arrepentidos”.
Al caerse la posibilidad de un acuerdo y en medio de una intensa presión mediática por un escándalo que puede afectarlo en un año electoral, el gobierno anunció que ahora sí revisaría la continuidad de los contratos de obras de Odebrecht en Argentina.
En medio de esta discusión, el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, confirmó que esta semana enviará a su par argentina, Alejandra Gils Carbó, los datos de la cadena de corrupción que ya fueron aportados por directivos “arrepentidos”.
El funcionario advirtió en una carta que los datos no pueden ser revelados públicamente para evitar que se entorpezcan las investigaciones.
Sin embargo, el gobierno macrista ahora sí quiere que toda la información sea pública y desconfía de Gils Carbó, a quien Macri ha intentado destituir de su cargo como procuradora desde que él asumió como presidente porque la considera una “militante kirchnerista” que sólo quiere afectar su gestión.