Consulta nacional sobre modelo de procuración de justicia

Ocho largos años en su diseño y doce meses más de vigencia práctica no han sido suficientes para que el nuevo sistema de justicia penal cumpla con el cometido de su elaboración, por lo que la controversia sobre la ejecución de este modelo en funciones desde junio de 2016 se ha desatado cuando las acusaciones sobre su implementación van de un área procesal a otra, lo que converge en ambigüedades en los veredictos que determinan los jueces a lo largo y ancho del país.

Todo ello ha traído como consecuencias variadas injusticias con ciudadanos recluidos por delitos menores y, por el contrario, la libertad de peligrosos reincidentes que salen y entran de las cárceles, así como la liberación de delincuentes de alta organización delictiva (secuestradores, narcotraficantes, extorsionadores, huachicoleros) por la mala decisión de los jueces que alegan una pésima presentación en las carpetas de investigación por parte de las procuradurías y ministerios públicos.

Las imprecisiones detectadas en este proyecto de justicia nacional, agregan los expertos, no han logrado hacer de este un modelo expedito, transparente, moderno, eficaz y eficiente para combatir los diversos flagelos que aquejan la convivencia social de millones de mexicanos.

Es por ello que los poderes Ejecutivo, Legislativo, universidades, instituciones penales públicas y privadas, académicos y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), entre otras instancias, desarrollan una consulta nacional que confluirá en un informe pormenorizado que detecte los traspiés estructurales de este esquema de impartición de justicia para su corrección, cuyo documento deberá estar listo para el mes de octubre.

Dilemas

Una de las problemáticas más sensibles que se ha detectado dentro del nuevo sistema de justicia penal es en el espacio de las resoluciones, donde imperan las decisiones de los jueces donde poco o casi nula ha sido la capacitación para estos juzgadores, así como para otros funcionarios de las diversas jerarquías de la burocracia penal.

La recomendación que ofrece, por ejemplo, la asociación México Evalúa en su informe Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México, es que se modifique lo que se denomina el “sistema de flujos” donde convergen los fallos de los jueces.

Ello consiste en “especializar la labor de los jueces, asignando audiencias similares a cada juez de forma sucesiva, ya que no hay personal administrativo fijo a disposición de un juez. Este tipo de organización impide que los jueces tengan conocimiento previo del caso y requiere de una gestión más compleja o sofisticada para planificar y distribuir adecuadamente el trabajo entre ellos”, señala la organización.

De acuerdo a este informe, a partir de la suma de esfuerzos de las distintas instituciones apenas se ha logrado capacitar a un total de 247 mil 403 funcionarios en las 32 entidades federativas durante el periodo 2013-2016 sobre el nuevo modelo. Esa cifra incluye también a abogados particulares, así como a periodistas y comunicadores.

De este universo de servidores públicos capacitados ocho mil 163 son jueces; nueve mil 953 defensores; dos mil 540 administradores de salas; 18 mil 141 agentes del Ministerio Público; ocho mil 405 facilitadores; siete mil 513 peritos; 162 mil 767 policías ministeriales y preventivos; 16 mil 567 personal del sistema penitenciario; mil 212 asesores de víctimas; 299 operadores del sistema de justicia para adolescentes; 250 operadores de unidades de medidas cautelares, y dos mil 50 de otras áreas.

México Evalúa recomienda que “para consolidar el sistema de justicia penal será menester poner en marcha sistemas de registro, procesamiento y reporte, que generen información estadística confiable, actualizada, verificable y oportuna. En este eje se debe tomar en consideración si las instituciones cuentan con sistemas de indicadores para evaluar su desempeño”.

Y concluye el organismo: “Principalmente que estos indicadores se utilicen para evaluar los resultados de operación del sistema e identificar áreas de oportunidad para su mejora”.

Malestar

El Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) es uno de los organizadores de la consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia. Su director general Gerardo Laveaga plantea: “Hay malestar con respecto de la justicia mexicana, ya que a pesar de que desde 2016 se cuenta con un nuevo sistema penal acusatorio, que reúne algunas de las mejores prácticas internacionales, aún quedan muchas dudas, muchas preguntas: ¿cómo aterrizar en la práctica todas las buenas intenciones que lo han alentado?”, indica.

Denuncia que “hay reclamos. Se dice que se están liberando a muchos criminales. Hay que preguntarse si todo delito ha de castigarse con prisión”, añade.

Cabe comentar que “esta consulta consta de ocho ejes temáticos que hasta agosto se desarrollarán en diversas ciudades del país, con el objetivo de recibir reflexiones, críticas y propuestas acerca de la manera en que opera hoy la justicia mexicana para que en octubre se presente el informe general”. (Ver recuadro)

Y dice Laveaga: “Otro problema fundamental es la investigación. Ya no tenemos averiguación previa como antes, ahora tenemos carpetas de investigación, pero muchos policías, agentes del Ministerio Público y, hay que decirlo, muchos jueces siguen creyendo que hacer investigación es hacer grandes expedientes y ese es un ‘chip cultural’ que debemos cambiar”.

Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), hace hincapié en que se trata de una convocatoria muy amplia, y se espera que participen muchas voces de la sociedad civil a las que preocupa la procuración de justicia. “Esperamos las aportaciones de muchas instancias: facultades de Derecho, Psicología y Administración; procuradurías estatales, Tribunales Superiores de Justicia y expertos locales, que en muchas ocasiones tienen elementos sumamente valiosos”, indica.

López Ayllón agrega que “se espera en estos encuentros detectar los consensos y disensos que la ciudadanía y los especialistas tienen con respecto del funcionamiento del modelo de procuración de justicia”.

El producto final de esta consulta será un informe final con un conjunto de recomendaciones formuladas a partir de los resultados de la consulta. Este informe será presentado a la Conferencia Nacional de Procuradores, a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, a las cámaras de Diputados y Senadores, y al Poder Ejecutivo. “Esperamos que cada uno de esos actores deberá tomar las decisiones necesarias y asumir responsabilidades”, advierte el director del CIDE.

Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirma que esta consulta se da en una coyuntura de trascendencia nacional y se espera ofrecer un informe final que sea técnicamente sólido, políticamente imparcial y socialmente útil. “Se han hecho esfuerzos por enfrentar los retos que en materia de justicia tenemos, pero es cierto que esos empeños aún son insuficientes y debemos trabajar para superar esos rezagos”, expresa.

Añade que esperan ofrecer propuestas, pero también visiones alternativas: “No queremos forzar consensos en donde no sea posible encontrarlos; una de las fortalezas de este ejercicio será, precisamente, su pluralidad y pensar en un modelo de procuración de justicia de carácter civil y funcional para todo el país”, puntualiza Salazar Ugarte.

Hoy el sistema de justicia penal acusatorio opera con plena vigencia en todo el territorio nacional, por lo que la expectativa es que después del proceso de consulta en todas las instituciones involucradas se encuentren instaladas las condiciones y capacidades óptimas para una operación eficaz, eficiente y que garantice el acceso a una justicia de calidad de las víctimas e imputados.