Sin resolución en OEA

Los gobiernos priistas se abstenían de cuestionar a otros países por sus políticas internas, aun cuando violaran los derechos humanos

Sergio Sarmiento
Columnas
Canciller Venezolana
Foto: NTX

Mal le fue a la cancillería mexicana en la Asamblea General de la OEA en Cancún del 19 al 21 de junio. La Secretaría de Relaciones Exteriores trató de promover una resolución que habría exigido al gobierno venezolano de Nicolás Maduro cancelar la nueva Asamblea Constituyente, considerada un golpe para eliminar la democracia. Buscó también establecer un grupo internacional que facilitara un diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición.

El gobierno de Venezuela se opuso con vehemencia a las dos propuestas. La canciller Delcy Rodríguez cuestionó a México y pidió que se le investigara por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otras supuestas faltas. La Asamblea General desechó las resoluciones contra México, pero tampoco logró los 23 votos nacionales requeridos para aprobar las que tenían que ver con Venezuela.

Compra de votos

Además de México, respaldaban la resolución para cancelar la Asamblea Constituyente de Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil. En términos de población o tamaño económico, el respaldo era abrumador. Pero en la OEA todos los países, aunque sean minúsculos, tienen un voto. Venezuela consiguió que sus aliados Nicaragua y Bolivia votaran en contra, pero también San Vicente y las Granadinas, Dominica y San Cristóbal y Nieves. Se abstuvieron, con lo que ayudaron a Venezuela a detener la resolución, Haití, la República Dominicana, Granada, Trinidad y Tobago, y Antigua y Barbuda.


Venezuela se benefició de su política de subsidiar con petróleo o condonaciones de deuda a varios países del Caribe. Resulta bastante barato comprar los votos caribeños en foros internacionales.

Por un momento pareció que la resolución sobre Venezuela tenía ganada la batalla, pero al final se cayeron algunos votos que parecían seguros. Faltaron tres para la aprobación. La decisión del secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, de no participar en la reunión quizá pesó en la decisión. Pero el problema principal es que no hubo quien comprara los votos para la resolución sobre Venezuela.

Tradicionalmente los gobiernos priistas se abstenían de cuestionar a otros países por sus políticas internas, aun cuando violaran los derechos humanos. La estrategia, sin embargo, no se aplicaba por igual a todos. México, por ejemplo, retiró a su embajador de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, pero mantuvo siempre su representación diplomática en Cuba.

La política cambió en el gobierno de Vicente Fox. El entonces canciller Jorge Castañeda cuestionó a otros países por violaciones a los derechos humanos y la principal consecuencia fue un distanciamiento con Cuba. En un principio pareció que Enrique Peña Nieto había regresado a la tradicional política exterior mexicana, pero el esfuerzo por mediar o intervenir en Venezuela marca un activismo que no existía en los gobiernos priistas del pasado.

Venezuela reaccionó con agresividad a la posición mexicana. Exigió una resolución de la Asamblea que cuestionara al gobierno mexicano sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La iniciativa fue descartada, pero los partidos mexicanos de izquierda, algunos de los cuales no ocultan su admiración por el régimen de Venezuela, criticaron el manejo de la Asamblea por la cancillería mexicana.

Todo habría valido la pena si la SRE hubiera sacado adelante las propuestas sobre Venezuela. Al final el gobierno de México se llevó los cuestionamientos, pero sin conseguir las resoluciones.