En materia de derechos humanos, afirman especialistas de organismos nacionales e internacionales, no hay violación más aberrante que la tortura. Es una práctica, dicen, abominable que ha llegado a grados inimaginables de crueldad y atrocidad, flagelo del que ninguna región del mundo ha podido librarse y que bajo ninguna circunstancia se justifica. La lista de métodos de tortura es extensa: desde las amenazas hasta los golpes, descargas eléctricas, quemaduras, cortaduras, la privación de alimentos, sueño y medicamentos, así como mutilación, violación y simulacros de ejecución, por mencionar solo algunos; tormentos que pueden causar daños físicos permanentes y graves secuelas sicológicas.
A pesar de la prohibición estipulada en un sinnúmero de convenciones universales y ser considerada un delito de lesa humanidad, la práctica de la tortura se mantiene vigente.
Amnistía Internacional, por ejemplo, afirma que entre 2009 y 2013 recibió informes de tortura en 141 países y se utiliza en prisiones, oficinas policiacas, cuarteles del Ejército, calles, hospitales, escuelas e incluso en los hogares.
Ante este flagelo la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó en 2003 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con el fin de establecer mecanismos más eficientes e innovadores para prevenirla.
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México, por desgracia, tampoco está exento. A pesar de que ratificó en 2005 el protocolo y encomendó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instrumentar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a partir del 11 de julio de 2007, se tiene registro de varios casos.
Hoy, diez años después, la CNDH ha realizado cuatro mil 668 visitas a todo tipo de sitios donde se alojan a personas privadas de la libertad: centros de reclusión para adultos; de tratamiento interno para adolescentes; agencias del Ministerio Público y sus áreas de aseguramiento, así como hospitales siquiátricos, estaciones migratorias y casas hogar, entre otros.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, ha reiterado que la prohibición de la tortura en México es absoluta y no es ni podrá ser negociable, por lo que se debe prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños a las víctimas. Hace un llamado a no perder la indignación ante ese delito.
González Pérez recalca que la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que está por promulgarse, por sí misma no evitará dicha práctica si no cuenta con recursos, profesionalización de operadores y voluntad política para evitar la corrupción y la impunidad.
Otro instrumento creado para la lucha contra la tortura es el que a partir de octubre de 2015 creó la Procuraduría General de la República, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, con el fin de concentrar todos los casos relacionados con ese ilícito y hacer posible una actuación ministerial oportuna, sensible, eficiente y efectiva.
Acompañamiento a víctimas
El comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, (CEAV), Jaime Rochín, señala que la reparación del daño empieza con la justicia e involucra rehabilitación a largo plazo de las víctimas, medida que necesita ir acompañada de la capacitación de agentes policiacos y un enfoque de cero tolerancia.
Rochín del Rincón afirma a Vértigo que la tortura no solo es un acto inhumano para quien la recibe, sino que deshumaniza a quien la práctica y es el mayor obstáculo para la justicia y una de las causas más importantes de la impunidad.
“Las víctimas lo que quieren es justicia, verdad, que no haya impunidad y cuando a una persona, culpable o inocente, se le tortura, se está atacando la posibilidad de aplicar justicia y verdad”, expresa.
Rochín del Rincón añade que el gran problema es que el torturador normalmente no es sancionado a pesar de que haya un reconocimiento explícito de la tortura, no es juzgado ni es sentenciado en la mayoría de los casos.
Es importante, indica, entender que asistir a las víctimas no es una actividad caritativa sino un derecho.
Respecto de la inminente promulgación de la ley contra la tortura, el maestro Rochín comenta que hay dos grandes leyes que se complementan con la Ley General de Víctimas: la de tortura y la de desaparición de personas y desaparición forzada.
“Estos dos temas son una deuda que tenemos como Estado con las víctimas, y el hecho que haya una ley especial para apoyar y acompañar a este grupo de víctimas es importante, ya que nos ayudará a poder atenderlas de una manera más eficiente y con mejores resultados”, dice.
Nueva legislación
La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara alta, confirma a Vértigo que la ley general contra la tortura será promulgada este 26 de junio, justo en la fecha en que se conmemora el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
“Es una ley que será un paso importante y trascendental para que el Estado mexicano pueda trabajar en las sanciones y sobre todo en la prevención. La tortura es un fenómeno delictivo que en México está pasando por una situación muy grave y urge que se empiece a formar a los ministerios públicos, policías, y todos quienes practican estos métodos y que tenemos que detener”, indica.
Cabe señalar que el gobierno federal, por medio del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, acepta que a pesar de los avances los casos de tortura persisten al interior de las corporaciones de seguridad.
“La tortura no le conviene a nadie, la tortura provoca graves consecuencias en todos sentidos, constituye un factor detonador de violencia y no de seguridad, una investigación fundada en la tortura carece de valor jurídico y no garantiza llegar a la verdad”, puntualiza.
Por su parte Adán García Fajardo, director académico del Museo Memoria y Tolerancia, reconoce los avances legislativos en la materia y destaca su imprescriptibilidad, “es decir, no importa cuándo se cometa el crimen, temporalmente hablando, siempre se puede enjuiciar”.
La existencia de la tortura, afirma, se reconoce como una problemática, pero no con la relevancia que tiene.
“Esto es parte del problema que nos impide abordar de manera adecuada el fenómeno, por ejemplo a través de la educación y protocolización en mejores prácticas”, señala.
Conmemoración
Respecto de la conmemoración de Día Internacional de Apoyo a Víctimas de la Tortura, el maestro García Fajardo dice que se puede aprovechar esta fecha a través de tres acciones: “Visibilizando, para conocer lo que es la tortura en México y cómo se ve desde los ojos de las víctimas, sobrevivientes, relatores especiales e instituciones internacionales; concientizando y abriendo el diálogo para que las personas puedan hacerse preguntas reflexivas que nos lleven a cuestionar las razones de esta práctica, y activándonos para exigir a las autoridades que cumplan con la ley”.
En su oportunidad Ariel Dulitzky, relator del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas de 2010 a 2016, puntualizó que cualquier fecha que sirva para visualizar un problema, para recordar a las víctimas, para llamar la atención de lo que falta por hacer, es fundamental.
“Se deben redoblar los esfuerzos y pensar en otros temas que en general no se piensan como tortura, por ejemplo los familiares de víctimas de desapariciones forzadas que muchos organismos internacionales hemos considerado que son víctimas de tortura por el dolor que sufren en su demanda de verdad, justicia y reparación del daño”, concluye.
Es necesario señalar que especialistas recalcan que para poder lograr que la ley contra la tortura realmente funcione, es fundamental que se trabaje en la obtención de cifras. Un diagnóstico confiable permitirá identificar y abordar el problema e impulsará la creación de estrategias y políticas públicas para prevenir, sancionar y reparar, en lo posible, los daños causados por ese crimen.