Luego de varios meses de protestas que han dejado más de 100 muertos, centenares de heridos y casi dos mil detenidos, Venezuela enfrentó nuevamente su destino en las urnas: a pesar de la enorme oposición en las calles y la creciente crítica internacional, el presidente Nicolás Maduro convocó al pueblo a elegir a los más de 500 integrantes de una Asamblea Nacional Constituyente que redactará una nueva Carta Magna y reordenará el Estado para su beneficio.
Pero mucho antes de que los esfuerzos para derrocar a Maduro se desbordaran en las calles, Venezuela ya había caído en la ingobernabilidad. El colapso energético, la escasez de alimentos, la exorbitante inflación, los prisioneros políticos y las olas de saqueos condenaron a Venezuela al futuro de conflicto social y violencia que hoy vemos en los titulares.
Los problemas venezolanos son profundos, pero todo fluye de una dependencia de un solo recurso: el petróleo. El mito nacional de que el energético estimularía la modernidad alimentó al sueño bolivariano del fallecido ex presidente Hugo Chávez durante el auge petrolero, pero se desmoronó con la caída del precio del crudo a mediados de 2014.
Culpables
Desde entonces observadores de todo el mundo, particularmente Estados Unidos, se mostraban renuentes a denunciar la crisis política y económica que se gestaba en Venezuela.
Apenas en junio pasado la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó su 47 Asamblea General sin una resolución contra el gobierno de Maduro. De los 35 países integrantes, no lograron conjuntar más de los 20 votos necesarios para conseguir una resolución sobre la situación en Venezuela. Después de casi 70 años de existencia, el organismo dedicado a promover los valores democráticos en nuestro hemisferio no logró condenar a un país que a todas luces atenta contra la democracia. Aunque históricamente la OEA ha servido como un instrumento para promover las políticas de EU y el “libre comercio” en América Latina, hoy ha visto su influencia mermada en la región.
A pesar de costear gran parte del presupuesto, EU ha permitido que el organismo se debilite. Además, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el silencio respecto de asuntos de derechos humanos alrededor del mundo será notorio: cabe destacar que su país no ha ratificado la Convención Americana, instrumento regional de protección a los derechos humanos que han firmado más de 20 Estados integrantes de la OEA.
A esto debemos agregar que para EU resulta de interés mantener los precios bajos del petróleo, ya que no solo beneficia a sus consumidores y a su industria de gas de esquisto, sino que golpea económicamente a tres de sus antagonistas petroleros: Venezuela, Rusia e Irán.
Los opositores al gobierno venezolano lo culpan de convertir a una de las naciones más prósperas de la región en un país colapsado, mientras que Maduro culpa a una guerra económica emprendida por sus oponentes, tanto internos como externos. Quizás ambos tengan razón.