El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que pedirá apoyo a Interpol para capturar a la fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz, y a su esposo, a los que acusó de orquestar una “red de extorsión” poco después de que la pareja despegara desde Colombia hacia Brasil.
“El gobierno de Brasil, golpista de Brasil, acoge a estos prófugos de la justicia venezolana, la ex fiscal general y su esposo, el jefe del cártel de la Fiscalía”, dijo Maduro, en una rueda de prensa desde Caracas.
“Espero que estos delincuentes sean entregados a la justicia venezolana para que se haga justicia en territorio y jurisdicción de Venezuela”, agregó.
Ortega Díaz había llegado la semana pasada a Bogotá junto a su esposo, el diputado disidente del oficialismo Germán Ferrer, luego de que ordenaran su captura.
Ortega, quien no reconoce su destitución, participará en un encuentro de ministerios públicos de Mercosur en Brasil mañana miércoles, según declaró un medio venezolano opositor al gobierno.
“Este evento me va permitir mostrar al mundo las pruebas que incriminan a Nicolás Maduro y su entorno en graves hechos de corrupción”, precisó Ortega Díaz a ese sitio de noticias en su primera declaración desde su llegada a Colombia.
Desde su expulsión de la Fiscalía el pasado 5 de agosto, Ortega Díaz insiste en que su destitución tiene que ver con su investigación sobre el conocido caso Odebrecht en Venezuela y asegura que tiene pruebas de que el escándalo de sobornos que se extiende a toda la región salpica al presidente Nicolás Maduro y a su círculo cercano.
El embajador de Brasil en Colombia, Julio Glinternick Bitelli, confirmó en una entrevista que Luisa Ortega Díaz participará en esa reunión de fiscales, pero no aclaró si tiene previsto solicitar asilo en ese país. “Nosotros, el gobierno brasileño y los demás gobiernos de Mercosur, reconocen a Ortega como la fiscal venezolana”, afirmó.
La destitución de la fiscal fue la primera medida Asamblea Constituyente venezolana, calificada por la comunidad internacional de fraudulenta, que empezó a funcionar con la amenaza de perseguir a los críticos del gobierno de Maduro.
Ortega abandonó Venezuela poco después de que la Asamblea Constituyente, integrada en su totalidad por partidarios del gobierno, aprobara el allanamiento de la inmunidad de Ferrer y autorizara al Tribunal Supremo de Justicia la captura y el enjuiciamiento por presuntos delitos que van desde la extorsión hasta el lavado de dinero.
La Constituyente, que se instaló a comienzos de agosto, se ha declarado con poderes sobre todas las demás ramas del Estado, incluida la Asamblea Nacional, y se ha atribuido facultades judiciales y penales. Sus miembros han prometido castigar a los líderes opositores que promuevan protestas contra Maduro.
Numerosos gobiernos extranjeros, que consideran a Maduro como un dictador, criticaron la decisión de destituir a Ortega Díaz.