Una de las ventajas de la democracia es que los asuntos públicos se ventilan públicamente. Tenemos el caso del socavón del paso exprés de Cuernavaca. En otros tiempos la investigación sobre la tragedia que causó la muerte de dos personas habría quedado oculta a los ojos del público. Hoy hemos visto discusiones en los medios, informes de especialistas y, sobre todo, comparecencias ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y del gobernador de Morelos, Graco Ramírez.
Los estudios de los peritos del Colegio de Ingenieros repartieron culpas de manera equitativa. Apuntaron errores en el proyecto de la carretera y descuidos en la revisión y el posible reemplazo de las tuberías debajo de la plancha de concreto hidráulico.
En las comparecencias, sin embargo, el titular de la SCT y el gobernador de Morelos han arremetido el uno contra el otro para achacarse mutuamente toda la responsabilidad. Es una verdadera guerra exprés.
Los argumentos de cada parte son muy sencillos. La SCT sostiene que las tuberías de drenaje que corren por debajo de la carretera, y que fueron al final la razón principal de la apertura del socavón, son responsabilidad local. Afirma también que ha apoyado a la familia de las víctimas y le ha ofrecido una indemnización que sería pagada por la empresa constructora. El gobernador Ramírez dice que advirtió a la SCT y al propio presidente de la República de los problemas técnicos del paso exprés y añade que fue su gobierno, y no la SCT, el que apoyó a la familia de las víctimas.
Revisión
La información disponible sugiere que hay culpas en ambas partes. En realidad el caso del socavón del paso exprés es una muestra de los problemas que tiene la ejecución de obra pública en nuestro país. Hay demasiada burocracia, demasiada gente está metiendo la mano. Esto no ha ayudado a que desaparezca la corrupción ni a que mejore la eficiencia. Todo lo contrario. Cada vez son más comunes las acusaciones de corrupción en la obra pública y cada vez más los casos de obras que no tienen la calidad necesaria.
El socavón podría haber sido el inicio de un proceso de revisión del sistema que tenemos para la realización de obra pública. Se necesita una mayor sencillez en los procesos de adjudicación y, sobre todo, una mayor transparencia en la manera en que se otorgan y se realizan las obras de carácter público. Esta oportunidad, sin embargo, no se ha aprovechado.
Todo lo contrario. En el debate del socavón hemos visto fundamentalmente ataques y contraataques políticos. Cada uno de los funcionarios involucrados parece más interesado en culpar al otro que en aclarar a los ciudadanos lo que ocurrió.
Estamos viendo otra consecuencia, en este caso negativa, de la democracia. Los políticos están más preocupados por la imagen de sus gobiernos que por la búsqueda de soluciones de largo plazo a los problemas de la sociedad. Pero no sorprende. Hemos creado un sistema en que la política y la administración pública se han convertido en una fuente inacabable de negocios.
Cada explicación sobre lo ocurrido en el paso exprés sugiere que el problema no es tanto corrupción o incapacidad, sino un sistema que promueve la burocracia antes que la ejecución ordenada de obras con reglas claras de responsabilidad. La sabiduría tradicional señala que muchos cocineros estropean el caldo. Esto es lo que al parecer ocurrió en el paso exprés y lo que ha sucedido en muchas otras obras públicas de nuestro país.