El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro consejeros que se refugiaron junto con él en Bélgica, se entregaron voluntariamente en una comisaría de Bruselas, donde un juez les tomó declaración para decidir, en un plazo de 24 horas, su futuro inmediato.
Las alternativas son tres: rechazar tramitar la euroorden dictada por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela; dejarlos bajo custodia policial mientras reclama más explicaciones sobre las denuncias en su contra; o, finalmente, dejarlos en libertad mientras se decide su caso en un proceso judicial.
Puigdemont y sus ex consejeros, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, se encontraban en Bélgica desde el pasado 29 de octubre, cuando viajaron de forma semiclandestina desde Cataluña a la capital belga.
Su objetivo era evadir a la justicia española, que tenía previsto citarlos a declarar la semana pasada por los delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos y cohecho.
De hecho, el resto de los integrantes del gobierno de Puigdemont, entre ellos el ex vicepresidente y líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, fueron interrogados el pasado jueves y enviados a la cárcel sin derecho a fianza -con la excepción de Santi Vila, que dimitió de su cargo la víspera de la declaración unilateral de independencia impulsada por Puigdemont y aprobada en el Parlamento catalán el pasado 27 de octubre-.
Desde su partida de Girona, su ciudad natal, Puigdemont se ha mostrado públicamente en varias ocasiones, incluida una rueda de prensa en la que advirtió que no pensaba regresar a España hasta que no tuviera las “garantías de un juicio justo”.
Tras su inasistencia a comparecer ante le Audiencia Nacional, finalmente la magistrada decidió el pasado viernes girar las órdenes de búsqueda y captura contra los cinco políticos catalanes prófugos.
Puigdemont se entregó de forma voluntaria a la policía belga, que tras ponerlo a disposición judicial y siempre en compañía de sus abogados, que informaron que cuando fueron trasladados de la comisaría a la sede de la Fiscalía belga -donde fueron interrogados por el juez- no iban esposados al “no haber riesgo de fuga”, entre otras cosas porque se presentaron de forma voluntaria y porque en todo momento han expresado su disponibilidad para “colaborar” con la justicia belga.
El proceso de trámite de la euroorden se podría prolongar hasta 90 días, con lo que en caso de que sea así, Puigdemont se encontraría fuera de Cataluña durante la campaña electoral de cara a los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre, en los que dijo estar dispuesto a presentarse como candidato en el exilio y a ser cabeza de lista de una coalición de formaciones independentistas, en las que se pretende también invitar a la marca electoral de Podemos en Cataluña.
El nacionalismo catalán tiene estrechos vínculos con el nacionalismo flamenco de Bélgica, que también, al igual que el partido de Puigdemont, tiene una raíz conservadora.