Domingo 19 de noviembre de 2017
Ciudadanos

Grave crisis en el sistema de procuración de justicia

Procuración de justicia
2017-11-06 12:54:30 por Norberto Vázquez
Foto: Lukas Gojda

A nueve años de la publicación de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública que marcó el inicio de la transición de un sistema penal escrito hacia un inédito Sistema de Justicia Penal Acusatorio que introdujo los juicios orales en México, el modelo está  “constipado por los evidentes casos de violencia y corrupción”, situación que se traduce en una “grave crisis” para brindar justicia a los ciudadanos, revela la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia 2017.

Debido a esta situación, expertos aseguran que “el Estado de Derecho ha pasado de ser el imperio de la ley, al imperio de los abogados y de la transacción política”, y además añaden, que “nadie va a querer invertir en un país en donde las reglas del Nuevo Sistema Penal son violentadas”, por lo que es necesario “un mecanismo legal en el que confíen los ciudadanos” para poder sustentar un país próspero bajo reglas jurídicas confiables y equitativas.

Promovida por la Procuraduría General de la República (PGR), el Congreso de la Unión y realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), la encuesta advierte que las instituciones de procuración de justicia se perciben como espacios en donde existe corrupción, abundan las irregularidades, el mal servicio y no generan certeza sobre el resultado de las tareas que tienen constitucionalmente encomendadas.

Por si fuera poco, relata dicho informe, que el reto principal que enfrentan las instancias de procuración de justicia en México consiste en recuperar la confianza pública. Para ello se requiere introducir cambios radicales en los servicios que se prestan, ya que el objetivo es asegurar que todas las personas —imputados, víctimas y testigos— reciban un trato digno por parte de los funcionarios de las procuradurías y se generen soluciones eficaces a los problemas sociales.

Configuración

Este documento sintetiza las principales ideas presentadas en las mesas y foros de la consulta, en la cual participaron instituciones académicas, tribunales, procuradurías, fiscalías, defensorías, comisiones de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados, estudiantes y profesionistas.

Hubo ocho ejes temáticos: víctimas y derechos humanos; procuración de justicia y política criminal; procuración de justicia y seguridad pública; delincuencia organizada; modelo de investigación criminal; procuración de justicia y administración de justicia; operación, gestión y cambio en las instituciones de procuración de justicia y; modelo de autonomía de las instituciones de procuración de justicia.

Se realizaron once foros en diez ciudades, en los cuales participaron servidores públicos locales (108), servidores públicos federales (45), académicos y miembros de la sociedad civil (24), abogados postulantes (32), así como estudiantes de derecho en general (3), estudiantes de ciencias forenses (20), aspirantes a policía (20) y estudiantes de justicia alternativa (20).

Por su parte, mediante la plataforma digital de sugerencias se recibieron 135 propuestas de personas residentes en 40 ciudades del país, quienes hicieron planteamientos concretos relacionados con los ocho ejes temáticos de la consulta nacional.

Resultados

La consulta identifica diversos problemas relacionados con la procuración de justicia en México. Destacan tres grandes inconvenientes: la falta de una visión sistémica sobre la función, operación del sistema de seguridad pública y de procuración de justicia; los problemas estructurales de las procuradurías y su funcionamiento en el sistema acusatorio y; las deficiencias en la generación y uso de la información.

El documento en poder de Vértigo, señala que “existe una falta de visión sistémica de seguridad pública y justicia penal en México. Si bien existe una estrecha relación entre la prevención, la investigación, la persecución y la sanción de los delitos, lo cierto es que no hay un modelo que permita articular los roles, competencias, marco de actuación y objetivos para la operación de cada una de las instituciones involucradas”, destaca.

Matiza que “a la fecha existen importantes problemas para identificar prioridades en el funcionamiento del sistema, así como para coordinar la acción de todas las instancias competentes. De igual manera, los problemas de coordinación afectan directamente la eficacia de las policías, ministerios públicos y jueces”, revela.

A nivel legislativo, plantea que existen un mar de leyes que se contraponen que abarca ordenamientos tan diversos como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; la Ley General de Víctimas; el Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley Nacional de Ejecución Penal; el Código Penal Federal; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General de Salud; la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; así como la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, entre otras.

A estos diseños legales se pueden sumar los proyectos de ley en materia del Mando Único Policíal y la Ley de Seguridad Interior, que actualmente se discuten en el Congreso de la Unión.

Por todo esto dice el informe, “la dispersión normativa impacta también sobre el diseño institucional. Las enormes deficiencias en materia de atención a víctimas se buscan resolver con una ley especial y un conjunto de organismos especializados que nacen desvinculados de los ya existentes y que añaden capas de complejidad en la operación del conjunto del sistema. La articulación de estos nuevos organismos con los existentes es necesariamente problemática y por ello los resultados poco satisfactorios”.

Diseño

Expertos hacen un balance sobre lo que representa esta consulta y su contenido.

Sergio López Ayllón, director general del CIDE determina que “todos los estudios y diagnósticos indican que las procuradurías de todo el país tienen problemas estructurales, que se traducen en la falta de capacidades para realizan investigación criminal, en carencias para solucionar la inmensa mayoría de los casos y frecuentemente en violaciones a los Derechos Humanos”, expone.

Pedro Salazar Ugarte, director general del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte: “Nuestro diseño institucional para procurar justicia no funciona, no ha funcionado desde hace tiempo y mucho menos lo hace ahora que se encuentra en proceso de implementación la ambiciosa, importante y prometedora reforma en materia de justicia penal de 2008”, afirma.

Y destaca: “Para la confección del informe se tomaron en consideración los diagnósticos y recomendaciones realizadas por instituciones académicas, expertos, barras de abogados, instituciones estatales, así como de la sociedad civil. Dado que el reto es grande, la propuesta es ambiciosa. No sugerimos ajustes menores, ni parciales…No pensamos que lograr justicia sea una misión de una generación venidera. Queremos y merecemos justicia hoy para todas y todos en México”, afirma.

Gerardo Laveaga, director del Inacipe, enfatiza. “Es urgente llevar al cabo las reformas que permitan a nuestras instituciones aplicar con eficacia las disposiciones del nuevo sistema de justicia penal. Hago hincapié en la distribución de competencias del Código Nacional de Procedimientos Penales y la activación de las Unidades de Medidas Cautelares”.

Finalmente, la analista María Amparo Casar, dice. “No hay reforma estructural más importante que la que hoy se informa. Para un gobierno que se precia de ser reformista, sería la mejor manera de cerrar el sexenio, y para una oposición que busca llegar al poder, sería la muestra de que están dispuestos a poner los intereses de los ciudadanos por encima de sus intereses electorales inmediatos”.

Para estos expertos, a los mexicanos se les está agotando la paciencia ante la injusticia que viven todos los días, desplegada por la inseguridad y violencia descontroladas. A la democracia se le está terminando la legitimidad por la ausencia de un Estado de Derecho. Y, a todas las fuerzas políticas se les acabaron los pretextos para seguir postergando acuerdos para construir un modelo de procuración de justicia que México requiere.

 

 

 

Los dilemas

Solamente el 4.46% de los delitos que se reportan en México terminan en una sentencia condenatoria, o lo que es lo mismo, cuatro de cada 100 denuncias. El 65% de las carpetas de investigación no se resuelven en ningún sentido, y de los que sí se resuelven muchos son para mandarlos al archivo. Los casos que llegan a resolverse casi nunca son producto de una gran investigación. El 90% de ellos corresponden a delitos cometidos en flagrancia por el probable responsable.

Fuente Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia 2017.

 

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Norberto Vázquez
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