Aunque para la doctrina constitucional hispana y latinoamericana en general se trata del concepto de estado de excepción la propuesta en días pasados del presidente Emmanuel Macron para darle cauce de cotidiano a las medidas adoptadas desde el 13 de noviembre de 2015 nos recuerda la fragilidad con que las consideradas conquistas históricas de la democracia pueden ser desmontadas.
No hay duda del peligro que implican para la ciudadanía y los millones de turistas que visitan Francia las actividades de células terroristas que han recurrido a artefactos como automóviles, tanques de gas para uso doméstico y cuchillos, entre otros, para perpetrar sus actos.
Hay varios y sensibles aspectos a considerar. De forma sincrónica las democracias que han fundado la era moderna se encuentran, por distintas razones, bajo serias presiones que han llevado a cuestionar el sentido filosófico y humanista con que fueron concebidos sus respectivos sistemas políticos. El Reino Unido, por ejemplo, está hoy sumido en el muy complejo y no menos desafiante proceso de separación de la Unión Europea. Por su lado, Estados Unidos es guiado ahora por un presidente muy alejado de los fundamentos del constitucionalismo de su país. ¿Y Francia?
La polémica ante las acciones criminales del terrorismo, o el extremismo violento, es qué tanta seguridad soporta la libertad y a su vez qué tanta libertad se puede ejercer en condiciones de seguridad. Se trata de un problema estructural donde deben conjugarse desde aspectos técnicos, pasando por policiacos, militares y diplomáticos, hasta por supuesto el respeto a los derechos humanos, el pleno ejercicio de las libertades políticas y sociales, así como el normal funcionamiento de los sistemas económicos. Y sobre todo para la historia del continente europeo, las cuestiones que encierra la migración —voluntaria o no— exigirán un tratamiento detallado y cuidadoso para evitar que este fenómeno inherente a la historia de la humanidad sea tratado de forma correcta y no agitado como argumento propagandístico de las organizaciones y partidos xenófobos y racistas.
Determinación
La llamada Ley para reforzar la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo entró en vigor en Francia a partir del 31 de octubre. Según los cálculos de los analistas Macron no tendrá problemas ya que su partido cuenta con amplia mayoría en la Asamblea Nacional y con una buena reserva de asientos en el Senado.
Entre las medidas propuestas está la aplicación de forma inmediata y sin intermediaciones legales de “estados de sitio” en determinados perímetros a juicio de los representantes del Estado o prefectos. También la realización de revisiones y estrictos controles de las personas que asistan a eventos de concentraciones multitudinarias.
Los controles sobre sospechosos, lugares de agitación radical (entiéndase mezquitas o sitios de concentración de grupos racistas donde puedan lanzarse violentas soflamas), así como la supervisión de algunas comunicaciones de personas con perfiles considerados peligrosos se podrán realizar sin mandamiento judicial previo.
Sobre este punto es muy importante resaltar la forma decidida en que los poderes Ejecutivo y el Judicial actúan en Francia para defender sus intereses y la seguridad interior, sí, pero ante todo a la sociedad en su conjunto.
Mientras tanto en México, de nueva cuenta, un afónico Poder Legislativo decidió no discutir la Ley de Seguridad Interior. Veremos las consecuencias en los siguientes meses.