Luego de más de un mes las fracciones parlamentarias en la Asamblea Legislativa no logran ponerse de acuerdo para aprobar un programa de reconstrucción de la Ciudad de México y mucho menos en la propuesta para aumentar 35% la construcción de edificios para equilibrar lo perdido con el sismo del 19 de septiembre, aunque con esos nuevos departamentos que se construyan se costearía el pago de la obra y los vecinos no tendrían que hacer ningún pago.
Para la diputada Dunia Ludlow Deloya, presidenta de la Comisión de Vivienda, “la iniciativa de reconstrucción del gobierno de la ciudad para incrementar 35% los niveles y viviendas en los predios colapsados abre la posibilidad de regularizar situaciones ilegales y actos de corrupción, porque los edificios se construyeron de manera irregular y, además, hay que tomar en cuenta las características del suelo y el entorno de cada predio”.
Tiene razón la legisladora priista, además de que es una propuesta razonable porque de esa forma los vecinos que vivían en esos edificios no pagarán nada por la reconstrucción de sus departamentos, ya que se cubriría con lo de la venta de los adicionales. Pero falta ver qué dicen los vecinos porque tendrían que construirse tomando en cuenta el lugar, con muchas medidas de seguridad, y saldría más caro de lo normal. ¿O me equivoco?
“Incrementar la densidad urbana en las zonas de riesgo, además de innecesario, es un contrasentido, porque no es momento de tras- tocar la normatividad. Al contrario: es momento de fortalecerla y exigir su cumplimiento. La iniciativa de ley para la reconstrucción anunciada por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, no tiene que ser ni debe ser una ley de carácter privativo”, sostiene a su vez la diputada Margarita Martínez Fisher, presidenta de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Es cierto: construir departamentos adicionales a los que ya había requiere de mayores necesidades, como servicios, agua, movilidad... Por lo que tendrán que valorar la viabilidad de mayor densidad de personas, sobre todo en las zonas bastante habitadas.
“Vivimos en un estado de emergencia y la prioridad debe ser la restauración de las familias y no de simples edificios e inmuebles. Estamos hablando de hombres, mujeres, niños y adultos mayores. De familias a quienes el tiempo se les detuvo. Es por eso que otorgar 35% adicional de potencial constructivo a los predios afectados con la finalidad de reponer las viviendas perdidas no responde de manera adecuada al riesgo existente, ni mucho menos a la mayor preocupación ciudadana”, dice la legisladora de Acción Nacional.
Pues sí: lo que está en juego es la seguridad de esas familias que de un momento a otro quedaron en la calle, que perdieron todo su patrimonio y que no saben cuándo regresarán a habitar un departamento. ¡La moneda está en el aire!
El bolso de Laura...
Ahora le cuento que el pasado 30 de octubre entró en vigor la ley que sanciona a quienes abandonen a los adultos mayores. Las penas van de tres meses a tres años de prisión, comenta la diputada perredista Elizabeth Mateos, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Cabe aclarar que están incluidas todas aquellas personas que sean incapaces de valerse por sí mismas. La familia tiene la obligación de evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación. Ojalá... Como ya se sabe el año próximo en vez de delegados políticos habrá alcaldes y concejales, por lo que la Comisión Especial de Límites Territoriales dictamina la manera en que quedarán las alcaldías, lo cual es fundamental. Pero el tiempo pasa y en concreto no hay nada. ¿A poco van a trabajar hasta fin de año, que es el plazo que tienen para armonizar las leyes?...