Falta una política que permita acceder a la vivienda social

Antonio Caporal
Nacional
Senado
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La construcción de vivienda en México se realiza principalmente a través de la autoconstrucción y el autofinanciamiento, muestra de la falta de una política estatal robusta que permita a un gran sector de la población acceder a la vivienda social, señala el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

En su investigación “La vivienda en México, aspectos para la reconstrucción”, especifica que la autoconstrucción puede incidir en la vulnerabilidad de las viviendas frente a amenazas naturales, como los terremotos, porque generalmente no se guían bajo los reglamentos vigentes para el desarrollo urbano.

Refiere que no tienen por qué colapsarse edificios de manera inevitable como resultado de un sismo; y que el nivel de los daños dependerá del conocimiento y la prevención que adopte la sociedad para reducir su vulnerabilidad frente a ese tipo de peligros. Por ejemplo, el impacto de un sismo en la infraestructura urbana disminuye sensiblemente mediante la implementación efectiva de reglamentos de construcción que tomen en cuenta la actividad sísmica de la zona y un ordenamiento territorial que prohíba el crecimiento urbano en zonas de riesgo como barrancas o planicies de inundación, entre otras medidas.

El IBD recuerda que los terremotos no son la única amenaza natural a la que estamos expuestos, sino que también hay afectaciones por huracanes, como los que dañaron a las ciudades que se encuentran en la Península de Baja California, la costa de Guerrero o la Península de Yucatán.

El trabajo de investigación señala dos puntos a tomar en cuenta para la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre, que dejaron 121 mil 701 viviendas dañadas, tan sólo en Oaxaca y Chiapas; ya que el censo continúa para tener cifras oficiales para los casos de Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México.

En primer lugar, la reconstrucción de vivienda no puede perfilarse como un tema aislado, sino que tiene que incorporarse en un conjunto de políticas integrales que favorezcan el desarrollo urbano sustentable.

El otro punto consiste en que la reconstrucción debe atender las condiciones culturales y biofísicas de las localidades afectadas, no sólo en la distribución del espacio habitacional, sino también en las formas de organización social de las comunidades.