Con el propósito de concientizar a la población sobre la importancia de adoptar acciones para lograr una adecuada disposición final de residuos en los sitios establecidos, el Senado de la República avaló por unanimidad, cambios a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
La reforma faculta a los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales para que, con la participación de los sectores sociales, organizaciones de la sociedad civil, cámaras industriales, comerciales, grupos e instituciones académicas y de investigación, promuevan campañas de comunicación permanente sobre la gestión integral de residuos, conforme a las normas oficiales mexicanas y programas de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano.
De acuerdo con el dictamen, los impactos ambientales ocasionados por el mal manejo y disposición de los residuos, se manifiestan principalmente en la contaminación de suelos, aire, aguas superficiales y subterráneas o por afectaciones a la salud pública.
El dictamen por el que se reforma el Artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del Artículo 72 constitucional.