No es común que un gobernante sea destituido por orden de un juez. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, ordenó la destitución y consignación penal del jefe delegacional de Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, por incumplimiento de un amparo que le ordenaba reinstalar a cuatro empleados despedidos.
El funcionario es miembro del PRD, por lo que la reacción de la presidenta de ese partido, Alejandra Barrales, fue inmediata: “Resulta increíble que una cuestión de carácter laboral, que además ni siquiera surgió en el periodo del actual delegado, esté por encima de la democracia misma, del voto de miles de ciudadanos que pusieron su confianza en Israel Moreno”. Es cierto, pero es curioso que el PRD haya estado buscando la destitución del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, de Morena, por una supuesta vinculación no comprobada con un grupo criminal. En este caso no le parecía al PRD que hubiera una violación a la democracia.
La destitución de Moreno Rivera tuvo lugar por una falta menor: el desacato a un fallo judicial en un caso en el que cuatro empleados destituidos exigían la restitución en sus puestos de trabajo. Los empleados habían sido despedidos no por Moreno Rivera sino por su predecesor, José Manuel Ballesteros, pero la falta de atención al fallo fue persistente en los dos gobiernos. En total, la delegación recibió 98 notificaciones de la Judicatura Federal para acatar el fallo, pero a ninguna se le hizo caso.
En México hay una falta de respeto generalizada a las decisiones de los tribunales. Quizá las personas comunes y corrientes no tienen más opción que obedecer lo que deciden los jueces pero entre los funcionarios públicos, protegidos por el fuero y su poder político, el desacato suele ser generalizado. Quizá por eso los jefes delegacionales de Venustiano Carranza desobedecieron 98 notificaciones antes de la destitución.
Respeto
Israel Moreno se mostró muy sorprendido en una conferencia de prensa en la que anunció que pediría licencia al cargo de jefe delegacional para defenderse de la acusación. La experiencia nos dice que los gobernantes en México han desobedecido sin consecuencias los fallos de los tribunales. Quizás el caso más notable fue el de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México: un tribunal de circuito determinó en 2004 destituirlo y enjuiciarlo por haber desobedecido de manera reiterada un fallo judicial que suspendía la expropiación de un terreno para construir un camino de acceso a un hospital privado en Santa Fe. López Obrador fue despojado del fuero por el Congreso de la Unión pero el entonces presidente Vicente Fox decidió que la PGR no presentara una acusación en su contra, no por razones legales sino políticas.
Fox simplemente no quería convertir en un mártir a López Obrador.
Hoy tenemos el primer caso de un gobernante de una delegación de la Ciudad de México destituido por no acatar un fallo judicial.
Entiendo que es lamentable que los tribunales quiten de un cargo público a la persona que fue elegida democráticamente por los ciudadanos. Pero también es importante que los gobernantes y funcionarios públicos en nuestro país aprendan a
respetar los fallos de los tribunales aunque no estén de acuerdo con ellos. Un país en el que los gobernantes no atienden las decisiones de los tribunales no pasa de ser una dictadura.