La Comisión de Justicia del Senado, que preside Pilar Ortega Martínez, inició la comparecencia de los aspirantes para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), cargo que desempeñarán hasta noviembre de 2018.
En su exposición, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños dijo que de cara a los comicios electorales del próximo año, el compromiso del nuevo titular de la Fiscalía debe ser aplicar la ley para fortalecer la confianza social y la legitimidad electoral, así como incentivar la participación social.
A su vez, Tomás Cantú López manifestó que se requiere combatir el problema de la deshonestidad en los comicios electorales, ya que “hay sujetos que no respetan el procedimiento electoral y, por ello, se necesita combatir la delincuencia electoral”.
Mario Enrique Velazco Torres de la Vega, se pronunció porque el Congreso eleve las penas en materia de delitos electorales o, bien, sean considerados graves, además de poner especial atención en las nuevas tecnologías. “De nada sirve el marco legal, si no tiene mayor severidad”.
Raúl Arroyo González propuso que para devolver la confianza ciudadana en las instituciones electorales, es prioritario combatir la delincuencia electoral, además de establecer programas de prevención de delitos en la materia en coordinación con autoridades electorales de los estados; además de preparar a la Fepade para el proceso electoral que ya está en curso.
Omar Diego Terrón Barranco señaló que en el caso del nepotismo nadie ha querido tipificarlo en la ley respectiva como delito electoral; además de proponer que los aspirantes a cargos de elección popular sean sometidos a exámenes de control de confianza, porque en muchos casos han cometido diversos delitos, o bien, padecen problemas de alcoholismo.
Ricardo Suro Gutiérrez propuso implementar el blindaje electoral a los programas sociales para evitar su mal uso o destino; también establecer el delito de peculado electoral; combatir la impunidad con investigaciones oportunas; evitar dinero del extranjero en campañas proselitistas; establecer la protección de candidatos que incluya la equidad de género para prevenir delitos contra mujeres aspirantes; además de unificar criterios entre fiscalías locales y la PGR para prevenir y castigar los delitos electorales.
Karla Mendoza Morales comentó que en todo momento la sociedad exige elecciones transparentes y para eso establecería programas de prevención de delitos electorales, junto con el conocimiento adecuado de nuestros derechos, porque se tiene que analizar que quien comete un delito de ese tipo, la mayoría de veces lo hace con conocimiento de causa, como el caso de la compra de votos.
Blanca Ivonne Olvera Lezama propuso que para la elección federal del 2018, el Congreso de la Unión incremente en 480 millones de pesos más el presupuesto de la Fepade, para aumentar de 80 a 160 ministerios públicos, más peritos y policías judiciales federales, con el fin de resolver el enorme rezago existente en investigaciones por delitos electorales diversos, además de realizar programas constantes de capacitación de personal y actualizar el marco jurídico de la instancia electoral, porque es del 2002.
Laura Angelina Borbolla Moreno dijo que de ser nombrada fiscal trabajaría bajo los ejes rectores para cumplir la ley, con los convenios suscritos con autoridades para que la Fiscalía cumpla con sus facultades y atribuciones, transparencia, rendición de cuentas, capacitación de personal y uso de la tecnología.
Augusto José Insunza Padilla mencionó que el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fepade tienen que funcionar de manera sincronizada, exacta y precisa para que la democracia funcione y pueda legitimarse ante los “ojos de la sociedad”.