Los gobiernos estatales estarán obligados a conformar un banco de datos con el registro de individuos violentos contra mujeres, con el fin de intercambiar información interinstitucional para su investigación y localización inmediata.
También deberán elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género para la búsqueda rápida de mujeres y niñas desaparecidas en la realización de investigaciones por delitos de feminicidio, trata de personas, discriminación y contra la libertad.
Así se estableció en un dictamen aprobado por los integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, en respuesta a una minuta de la Cámara de Diputados, que reforma y adiciona los artículos 17, 43, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Las administraciones estatales deberán implementar campañas de sensibilización, destinadas a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en las comunidades, además de establecer programas para su desarrollo normal psicosexual, e instaurar políticas públicas que garanticen un transporte público seguro para el sector femenino”.