Sábado 26 de mayo de 2018
Economía

Cajas de ahorro popular: todos ponen

Cajas de ahorro
2017-12-11 12:57:23 por Norberto Vázquez
Foto: Alejandra Díaz.

Diseñadas para cubrir necesidades de una población desatendida por el sistema bancario nacional las cajas de ahorro popular a lo largo de los años no han logrado alcanzar esa dinámica y, por el contrario, decenas de ellas han llevado a la quiebra a miles de sus usuarios en todo México por ser un sector poco regulado, con poca insolvencia y con reglas de operación al margen de la ley.

Por eso una y otra vez las autoridades han tenido que utilizar recursos fiscales para rescatar a miles de defraudados por este estándar, que ha demostrado no ser práctico como modelo de ahorro.

Baste recordar los casos del veracruzano Cirilo Ocampo Verdugo a fines de los noventas, de los cuales a la fecha cientos de desfalcados siguen sin recuperar sus recursos depositados.

Y qué decir de las más de 42 mil familias de Sonora, Baja California, Sinaloa, Baja California Sur y Jalisco que resultaron afectadas en su patrimonio como resultado de la quiebra (declarada en enero de 1999) de la Sociedad de Crédito y Ahorro del Noroeste, conocida como el banco del Arbolito, donde fueron depositados casi mil 800 millones de pesos.

Ahora mismo, según las fuentes consultadas, se prevé que será hasta el segundo semestre de 2018 cuando los seis mil 800 ahorradores mexicanos timados por Ficrea obtengan indicios de recuperar parte de su dinero, ya que Rafael Olvera Amezcua, ex dueño de la firma, será juzgado ante tribunales de Estados Unidos, donde un juez del condado de Miami-Dade dará respuesta a la demanda interpuesta en su contra por presunto lavado de dinero por 65 millones de dólares.

Hoy, alertan expertos y autoridades supervisoras, miles de personas siguen en riesgo de seguir siendo defraudadas por este diseño poco confiable de captación de ahorro que en los últimos 17 años han tenido un costo para las arcas públicas de cinco mil 157 millones de pesos.

Situación

En México operan 775 cajas de ahorro, 97 de las cuales están en peligro de quebrar por insolvencia o por no haber permitido ser evaluadas en tiempo y forma, según un informe de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Ello se traduce, de acuerdo con el organismo, en que el dinero de más de 583 mil personas de 28 estados de la República se encuentra en riesgo por estar invertido en algunas de esta cajas de ahorro que prácticamente se encuentran a punto de la quiebra por cuestiones de insolvencia financiera.

En capital se trata de más de seis mil 209 millones de pesos que forman parte de dichas cajas de ahorro, también conocidas como Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps), que están ya “clasificadas como impedidas de captar” debido a su situación de insolvencia y que por recomendación de la Condusef no deben operar más ni recibir depósitos por parte de sus socios porque de hacerlo incurrirían en una ilegalidad.

De acuerdo con datos del organismo 30 de esas cajas en conflicto se encuentran en Oaxaca; 14 en Michoacán; 13 en Jalisco; once en Veracruz; diez en Guanajuato y nueve en Puebla.

Las restantes diez se reparten en 22 entidades federativas, excepto Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Regulación

Aparte de las 97 cajas de ahorro en peligro de quiebra, en el micrositio de la Condusef (que puso en marcha desde 2015) se detalla que hay 291 cajas básicas que no requieren autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que se traduce en que para operar no cuentan con seguro de depósito, por lo que la comisión recomienda no ahorrar en ellas.

Mientras otras diez cajas están en “proceso de consolidación”, es decir, impedidas para captar ahorro porque están a punto de ser liquidadas.

En total hay en el país 398 cajas que tienen problemas, lo que representa 51.3% del sector. Cabe señalar que cada caja de ahorro debe tener un Comité de Administración que atienda las observaciones de registro y evaluación que les hace la CNBV y el Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (Focoop), integrado por la Presidencia de la República, la CNBV y un Comité Técnico del propio Focoop.

Riesgos

A pesar del panorama el titular de la Condusef, Mario di Costanzo, asegura que ningún caso desembocará en un fraude parecido al de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, registrado en 2015 y que como ya se mencionó afectó a más de seis mil ahorradores.

El funcionario afirma que no se repetirá porque, a diferencia de las Sofipo, en las cajas de ahorro los socios (inversores) tienen poder de decisión y voto sobre las operaciones de las financieras.

“Una caja de ahorro hace operaciones de captación y préstamos pero tú no eres un cliente: tú eres un socio, eres copartícipe de las decisiones. Por lo tanto, eres parte de la administración de la caja de ahorro”, explica Di Costanzo.

Estas 97 cajas de ahorro, que tienen el estatus de “impedidas para captar”, concentran el ahorro de 593 mil socios, que equivale a más de seis mil millones de pesos, dice el funcionario, lo que representa “cerca de 6% de la cartera total que tienen las cajas de ahorro”.

En cuanto al resguardo del dinero de los usuarios de estas cajas que están en riesgo el titular de la Condusef detalla: “Se necesita consolidar cajas de ahorro mayores que puedan darle un respaldo financiero a estas y a otras que incluso no están registradas ante las plataformas de la Condusef”.

Costos

Los fraudes y quiebras en cajas de ahorro han salido caros para los mexicanos. “Desde 2000 el costo de estos eventos representa un quebranto para el gobierno de cinco mil 157 millones de pesos del dinero público”, explica Javier Macedo, experto en el nicho de las cajas de ahorro.

Para el especialista es injusto que los impuestos de los contribuyentes se usen para cubrir los daños de esas empresas. “Las cajas de ahorro populares, que surgieron en el país para atender las necesidades financieras de la población de menores ingresos y que no tiene acceso a la banca comercial, han contado con varios fondos de respaldo para enfrentar fraudes y quiebras”, advierte.

De esta cantidad, hace números y explica que 957 millones de pesos son aportaciones al Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares (Prosofipo) y al del ya mencionado Focoop.

Determina que “los otros cuatro mil 200 millones de pesos son pagos ya realizados a quienes perdieron su dinero, recursos cubiertos a través de un fideicomiso, el llamado Fondo para el Fortalecimiento de Socaps y de Apoyo a sus Ahorradores…” Todo, dinero público.

Para la Condusef y los expertos consultados estos instrumentos de captación popular se han vuelto un grave riesgo para los usuarios y para las finanzas de todos los mexicanos que terminan rescatando estos quebrantos.

En las cajas de ahorro popular “todos ponen”.

 

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