El ministerio de Defensa de Brasil rechazó un pedido del alcalde de la sureña ciudad de Porto Alegre para desplegar al Ejército el próximo día 24, cuando un tribunal de apelación decida sobre la condena por corrupción en primera instancia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El alcalde de Porto Alegre, Nelson Marchezan Junior, pidió por carta al presidente Michel Temer que envíe al Ejército a esta ciudad del sur del país donde se celebrará la audiencia del juicio de apelación a Lula, ante el temor de las manifestaciones de grupos sociales a favor del exmandatario puedan provocar incidentes.
Marchezan Junior, del partido de centro-derecha PSDB, mayor rival político del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, dijo que prevé una “invasión” de militantes de izquierda el día 24 y argumentó que su petición pretende “proteger al ciudadano y al patrimonio público” de la ciudad.
Sin embargo, el ministro de Defensa, Raul Jungmann, rechazó el pedido y dijo que las fuerzas de seguridad del estado de Río Grande del Sur –cuya capital es Porto Alegre- están “muy bien preparadas” para mantener la seguridad pública.
Lula fue condenado en julio del año pasado a nueve años y seis meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero al recibir supuestamente un departamento de tres plantas en la localidad de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favores a una constructora brasileña.
Sin embargo, el juez que le condenó, Sergio Moro, magistrado clave en la trama de la Operación Lava Jato que destapó multimillonarios pagos en sobornos y coimas, le permitió recurrir en libertad, y ahora será el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4), con sede en Porto Alegre, el que decida sobre su condena.
En caso de ser confirmada la pena en segunda instancia, Lula podría quedar fuera de la carrera presidencial en los comicios de 2018, a pesar de que el expresidente, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, dijo que será candidato cueste lo que cueste.
La ley en Brasil –denominada “Ficha Limpia”- impide que cargos electos ejecutivos sean disputados por condenados en segunda instancia en casos, por ejemplo, de corrupción.
El PT de Lula y organizaciones sociales afines, como el Movimiento de los Sin Tierra (MST) y grupos sindicales, articulan desde hace meses una campaña para permitir que el expresidente –líder en todas las encuestas y sondeos para los comicios de 2018- pueda participar en las elecciones, y tienen previsto movilizaciones el día 24.
Así, más de 134 mil personas ya firmaron en el portal www.change.org un manifiesto titulado “elección sin Lula es fraude”, una campaña que cuenta con el apoyo de intelectuales, artistas y figuras públicas de Brasil.
“La victoria de Lula resultaría en el fracaso del golpe (destitución de Dilma Rousseff por juicio político en 2016) y permitiría la apertura de un nuevo ciclo político”, indica el manifiesto.
“Por lo tanto para evitar la candidatura de Lula vale todo: condenación en la corte de Porto Alegre, la institución del semiparlamentarismo y hasta postergar las elecciones”, denuncia el documento, que pretende aunar 150 mil firmas.