El gobierno de Estados Unidos anunció el fin del Programa de Protección Temporal (TPS) a favor de 265 mil inmigrantes indocumentados salvadoreños, citando la mejoría de las condiciones económicas y desestimando la violencia generada por las pandillas en El Salvador.
Los miles de migrantes salvadoreños que desde 2001 estaban cobijados por el TPS tienen ahora un plazo de 18 meses para que preparen su retorno al país centroamericano o de lo contrario enfrentarán el riesgo de su deportación.
La decisión de la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, fue tomada después de hacer una revisión de las condiciones actuales del país, tras los programas de reconstrucción, así como de consultas con las autoridades salvadoreñas, incluyendo el presidente Salvador Sánchez Cerén.
El DHS indicó que tras este proceso, Nielsen “determinó que las condiciones originales causadas por los terremotos de 2001 ya no existen. Por lo tanto, según el estatuto aplicable, la designación actual de TPS debe ser terminada”, indicando que el fin será el 9 de septiembre de 2019.
Como lo hizo con el Programa de Accion Diferido para Llegados al País en la Infancia (DACA), la administración del presidente Donald Trump insistió que la solución definitiva a la situación que enfrentan estos inmigrantes deberá emanar del Congreso.
“Solo el Congreso puede legislar una solución permanente que aborde la falta de un estatus migratorio legal perdurable de aquellos actualmente protegidos por el TPS que han vivido y trabajado en Estados Unidos por muchos años”, agregó el DHS en un comunicado.
Funcionarios de la Casa Blanca que hablaron con reporteros desestimaron que el súbito retorno de miles de salvadoreños vaya a desbordar a las autoridades de ese país, luego que en los dos últimos años, Estados Unidos deportó a más de 39 mil inmigrantes salvadoreños.
“Para permitir una transición ordenada, la fecha de vigencia de la terminación del TPS para El Salvador se retrasará 18 meses para dar tiempo a las personas con TPS para organizar su partida o buscar un estado de inmigración legal alternativo en Estados Unidos, si es elegible”, indicó la dependencia.
Asimismo, aseguró que los 18 meses también proporcionarán tiempo para que las autoridades de El Salvador se preparen para el regreso y la reintegración de sus ciudadanos.
Igualmente, señaló que la terminación diferida de 18 meses “dará tiempo al Congreso para diseñar una posible solución legislativa”, aunque los funcionarios no adelantaron si el gobierno planea presentar alguna iniciativa al respecto.
Los funcionarios dijeron desconocer qué pasará en los casos de padres de familia salvadoreños beneficiarios del TPS con hijos que son ciudadanos estadunidenses, o si habrá facilidades para que aquellos casados con ciudadanos puedan regularizar su situación sin necesidad de salir del país.
Aunque la administración Trump ha hecho del combate a la pandilla MS13 una prioridad de seguridad, aduciendo la amenaza que presentan para algunas comunidades, los funcionarios dijeron que “no se dio una consideración especial el factor pandilla” en El Salvador para cancelar el programa.
Cuestionado sobre el curso de acción contra aquellos salvadoreños que opten por continuar en el país después del 9 de septiembre de 2019, un funcionario no descartó la posibilidad de efectuar operaciones de deportación en su contra.
“El DHS continuará enfocándose en criminales extranjeros, aquellos con órdenes finales de remoción; que presentan una amenaza a la seguridad publica, o seguridad nacional, pero sin embargo, el DHS no exentará categorías enteras o clases de personas de potenciales actos de cumplimiento de la ley”, manifestó.
El presidente salvadoreño, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, subrayó: “Reitero a nuestros compatriotas, a sus queridas familias, el compromiso de mi gobierno en la búsqueda de alternativas que, a través del Congreso estadounidense, permitan alcanzar su estabilidad migratoria” en Estados Unidos.