El gobierno español impugnará ante el Tribunal Constitucional la candidatura del independentista Carles Puigdemont a la Presidencia del gobierno catalán, pese a que el Consejo de Estado considera que no es el momento de hacerlo.
El Consejo de Ministros del gobierno español analizará este viernes el recurso de impugnación, ya que considera que Puigdemont no puede ser candidato por haber una orden de detención en su contra, y carecer de capacidad de movimiento dentro de España.
La vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que este jueves se preguntó al Consejo de Estado (máximo órgano consultivo de asuntos legales y legislativos) sobre la viabilidad de presentar la impugnación.
De acuerdo con fuentes oficiales, el órgano desestimó que sea el momento de presentar el recurso, pero el gobierno confía en que el Tribunal Constitucional le dé la razón.
El líder independentista está en Bruselas desde noviembre pasado para evadir la justicia española, que le requiere por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos por el proceso soberanista que llevó a la declaración de independencia de octubre pasado.
Sin embargo, Puigdemont lideró las listas electorales de la coalición Juntos por Cataluña en los comicios del 21 de diciembre, que junto con Esquerra Republicana de Cataluña y los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) suman la mayoría absoluta.
Por ello, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, propuso el lunes a Puigdemont como candidato a presidente de la Generalitat, en un debate que tiene que realizarse antes del 1 de febrero.
Torrent y Puigdemont se reunieron la víspera en Bruselas, aunque no aclararon cómo se podría realizar una investidura sin la presencia del candidato.
Para avanzar en ese proceso, el presidente del Parlamento catalán convocó este jueves a realizar el debate de investidura el próximo martes 30 de enero, y se desconoce qué formato se realizará en el pleno.
Los grupos independentistas que apoyan a Puigdemont proponen un pleno telemático por videoconferencia, o bien que otro diputado pueda leer su programa y se vote en su ausencia, lo que también quiere ser impugnado por el gobierno español en caso de que quiera optar por alguno de esos esquemas.
Ante la posibilidad de que Pugdemont regrese a Barcelona para intentar ser votado por el Parlamento catalán para un nuevo mandato en la Generalitat, el gobierno español desplazó a equipos de seguridad en busca de evitar su entrada al país.
El ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, informó esta semana que se vigila en los Access carreteros con Francia, en los puertos, aeropuertos, bases aéreas privadas para detenerlo si el líder independentista pretende entrar al país.
“Que no pueda entrar ni en el maletero de un coche”, aseguró al hablar de esa tarea, en la que además los cuerpos de seguridad vigilan las alcantarillas y todos los accesos al Parlamento catalán de cara a la sesión de investidura.